La demanda agrega que los estados financieros de Vera a 31 de diciembre de 2017 tenían mejor balance de sumas y saldos que a 30 de junio del 2018, por lo que el precio se fijó con esos datos, a pesar de que la compra del Grupo se cerró en noviembre del 2018
Como ya ha informado El Distrito a principios de semana, este jueves se lleva a cabo el segundo día de juicio contra Íñigo Sánchez-Asiaín y sus socios de Portobello Capital por una acción social de responsabilidad de 6 millones de euros que tendrían que devolver a las clínicas Vivanta.
Dicha información ha sido suministrada también en su momento por Vozpópuli, El Confidencial y la agencia EFE, entre otros medios de comunicación, y está en boca de todos los afectados de Vivanta que, cabe recordar, nace a raíz de la compra de Unidental, Laser 2000, Plénido, Avandent, Grupo Clínico Dental Dr Senís y Anaga Dental por parte del referido fondo de inversión.
Además de Sánchez-Asiaín, la demanda admitida a trámite el pasado día 1 de octubre de 2020 está dirigida contra el resto de socios fundadores de Portobello: Ramón Cerdeiras y Juan Luis Ramírez; así como también Carlos Dolz -socio de la gestora- y Juan Olave -consejero delegado de Vivanta al momento de los hechos-.
En concreto, este juicio obedece a la compra del Grupo Vera Dental, el cual estaba compuesto por tres sociedades, una de ellas sin actividad en 2016 y sin ingresos en 2017, por lo que se encontraba inmersa en causa de disolución por patrimonio neto negativo.
A pesar de que la operación se cerró por 14 millones de euros, varios informes periciales rebajaban su valor hasta siete millones, de acuerdo a la demanda, la cual señala también una valoración de activos o ‘due diligence’ llevada a cabo por PwC que no reconocía como fiables las cifras de beneficios y dejaban en evidencia diversas inconsistencias contables.
De igual modo, las cuentas del Grupo Vera no reflejaban el nivel real de producción pendiente, o lo que es lo mismo, los tratamientos con los pacientes cobrados y sin realizar, y su información financiera era deficiente, tal como las prácticas operativas en sus clínicas.
La demanda agrega que los estados financieros de Vera a 31 de diciembre de 2017 tenían mejor balance de sumas y saldos que a 30 de junio del 2018, por lo que el precio se fijó con esos datos, a pesar de que la compra del Grupo se cerró en noviembre del 2018.
Es decir, los citados datos no reflejaban el estado real de la sociedad, razón por la cual la operación se llevó a cabo con un perjuicio para Vivanta de 6,2 millones de euros.
