La reciente aprobación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional (TC) ha provocado una profunda fractura institucional sin precedentes. Con seis votos a favor y cuatro en contra, el alto tribunal ha avalado una norma que perdona judicialmente a los implicados en el proceso independentista catalán, incluida la figura de Carles Puigdemont.
Una decisión que no solo ha desatado una oleada de críticas desde el ámbito jurídico y político, sino que también ha puesto en tela de juicio la independencia del órgano que debería ser garante último de la Constitución Española.
La sentencia fue aprobada gracias al voto del bloque progresista, mientras que los magistrados conservadores —Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez— emitieron duros votos particulares en los que calificaron la resolución de “inconstitucional”, alertando de un proceso preconfigurado y de una tramitación “irregular” marcada por intereses ajenos al Derecho.
Según estos jueces, la amnistía supone una “autoamnistía del poder”, una práctica incompatible con los valores democráticos que sustenta la Carta Magna.
Desde el sector conservador se acusa a la mayoría progresista del TC de actuar al dictado de intereses políticos del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. “Esto no es un tribunal”, habría dicho uno de los magistrados en una conversación privada revelada por Europa Press, en referencia al modo en que se ha impuesto la mayoría, evitando un debate profundo y sincero.
Estas palabras reflejan la crisis de confianza interna que sacude al órgano de garantías, cuyas resoluciones deberían estar exentas de alineamientos partidistas.
La instrumentalización del Tribunal Constitucional
El aval del TC a la ley de amnistía no puede entenderse al margen del contexto político actual. El Gobierno de Pedro Sánchez logró sacar adelante esta polémica ley como condición esencial para obtener el apoyo de los partidos independentistas catalanes —especialmente Junts per Catalunya y ERC— en su investidura. Esta circunstancia ha llevado a numerosos juristas, académicos y magistrados a hablar abiertamente de una “instrumentalización de la justicia constitucional” al servicio de la supervivencia política del Ejecutivo.
Desde la oposición, el Partido Popular y Vox han denunciado que estamos ante un caso claro de degradación institucional, alertando de que el Constitucional ha pasado de ser “el árbitro del sistema” a un actor político más. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la sentencia representa “un punto de inflexión que pone en peligro la división de poderes”. Desde Vox, Santiago Abascal ha calificado la decisión como “el mayor ataque al orden constitucional desde el 23-F”.
Una amnistía sin precedentes en la historia reciente
La ley de amnistía no tiene precedentes en democracia. Desde 1978, ninguna norma había planteado una cancelación masiva de causas judiciales por delitos tan graves como malversación, desobediencia, prevaricación o sedición. Aunque la sentencia del TC obliga a revisar los antecedentes penales de los implicados en el ‘procés’, no exime automáticamente a todos los encausados. En especial, el caso de Puigdemont seguirá sujeto a interpretación jurídica por su vinculación con el uso irregular de fondos públicos.
La norma, que ha sido aprobada pese a informes en contra de órganos como el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía del Tribunal Supremo, constituye una anomalía jurídica que ha generado desconcierto en el ámbito internacional. Numerosos expertos han advertido que esta ley podría colisionar con el principio de igualdad ante la ley, así como con los tratados europeos sobre lucha contra la corrupción.
El futuro del Estado de derecho, en entredicho
Uno de los elementos más alarmantes es la falta de consenso institucional. Que una ley de semejante calado haya sido validada por un Tribunal Constitucional dividido y con acusaciones internas de parcialidad plantea serias dudas sobre la salud democrática de un tribunal politizado.
La actitud de los jueces que hace dudar de su independencia y que toman sus decisiones al albur del partido político que ha propuesto su nombramiento, solo provoca desazón y falta de confianza en la sociedad, al comprobar que priman las decisiones políticas para favorecer que Sánchez puedan seguir en el poder, para favorecer a los independentistas a través de las resoluciones judiciales.
