Una pequeña empresa navarra, Servinabar, que ahora está en el foco mediático, se ha convertido en el inesperado punto de conexión entre Santos Cerdán, el hasta hace una semana secretario de organización del PSOE y que fue mano derecha del presidente Pedro Sánchez, y Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI e histórico alto cargo vinculado a María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda.
Todo comenzó en febrero de 2021, cuando el Gobierno se vio forzado a cerrar la etapa de Vicente Fernández al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La juez del caso Aznalcóllar acababa de confirmar la imputación formal del jurista andaluz por su papel como interventor general de la Junta en la controvertida adjudicación de la mina sevillana.
María Jesús Montero, quien lo había llevado consigo al Ministerio de Hacienda, mantuvo vacante la presidencia de la SEPI durante un año y medio, esperando una desimputación que nunca llegó. Durante ese periodo, los polémicos rescates a Plus Ultra y Air Europa fueron gestionados por el vicepresidente Bartolomé Lora, sin un titular al mando.
El 9 de febrero de 2021, la Audiencia confirmó la imputación de Fernández. El 30 de marzo, Montero nombró finalmente a Belén Gualda como presidenta de la SEPI. Entonces surgió una incógnita: ¿qué hacer con Fernández?
De presidente de la SEPI a empleado en Servinabar
Lejos de su Málaga natal, el veterano letrado encontró acomodo laboral en una pequeña empresa navarra: Servinabar, que según el Registro Mercantil solo tenía nueve empleados en 2021 (tres con contrato indefinido). Su propietario aparente, Antxon Alonso, era un empresario con conexiones con el entorno socialista navarro. Pero, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la compañía estaba controlada de facto por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE.
La UCO halló en el registro de la empresa de Antxon Alonso un documento que demostraba que Cerdán controlaba el 45% del capital de Servinabar, pese a no figurar en el Registro como accionista. Las grabaciones incautadas por los agentes revelan que Cerdán gestionaba decisiones clave de la empresa, incluso transferencias bancarias, contradiciendo la versión oficial.
Alonso, presionado por las revelaciones, emitió un comunicado en el que negó que Cerdán sea accionista, aunque reconoció una «relación de amistad» con él. Pero el historial de contrataciones y adjudicaciones apuntan a algo más profundo.
Red de colocación y adjudicaciones bajo sospecha
Vicente Fernández solicitó a la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno permiso para incorporarse a Servinabar en mayo de 2021, y le fue concedido. Aunque se desconoce hasta cuándo trabajó allí, fuentes de la propia SEPI y del entorno empresarial expresan sorpresa por el fichaje, dada la dimensión reducida y la actividad de la pyme.
No se trata de un caso aislado. Otro dirigente socialista, Ramón Alzórriz, también vinculado a Navarra, renunció a sus cargos tras conocerse que su pareja había trabajado en la misma empresa. Además, Servinabar ha recibido adjudicaciones públicas millonarias bajo sospecha del gobierno de María Chivite, como la relacionada con las obras en los túneles de Belate, hasta ahora se han descubierto seis adjudicaciones públicas por más de 100 millones de euros en UTE con grandes firmas como Acciona.
Las investigaciones examinan supuestas irregularidades en los procesos de licitación, con denuncias y votos particulares por parte de técnicos que advirtieron sobre criterios poco claros y posible manipulación en la valoración técnica.
A ello se suma otro dato llamativo: según perfiles de LinkedIn, parte del personal contratado por Servinabar tenía origen venezolano y experiencia previa en PDVSA, la estatal petrolera venezolana. En sus cuentas de 2021, la empresa declaró ingresos por un millón de euros, pero destinó 530.000 euros a gastos de personal y otros 134.000 euros a servicios profesionales independientes, lo que sugiere un perfil atípico para una supuesta pyme.
Santos Cerdán, Fernández y el reparto de poder socialista
La trayectoria de Vicente Fernández ha estado íntimamente ligada a la de María Jesús Montero, quien lo consideraba de “enorme valía” incluso tras su imputación. Fue ella quien lo colocó en la SEPI tras su etapa como interventor general en la Junta de Andalucía. En paralelo, Santos Cerdán mantenía un papel decisivo en la colocación de cargos socialistas en el sector público, como ocurrió también con el nombramiento de Leire Díez en la empresa estatal Enusa.
Durante su mandato en la SEPI, Fernández ya había tenido contacto con Cerdán, quien mostraba interés recurrente en los nombramientos de empresas públicas, consolidando así una red de influencia interna en el entramado económico del Estado.
Lo que parecía una simple salida laboral para un ex alto cargo se ha revelado como una posible estructura paralela de recolocación política, con participación de dos de los dirigentes más influyentes del PSOE en la última década: Santos Cerdán y Vicente Fernández. La aparición de Servinabar como eje de esta relación vuelve a poner sobre la mesa los mecanismos informales de poder y colocación que operan en la trastienda del PSOE.
