Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ha roto este miércoles su silencio ante los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados. “No tengo ningún miedo. No tengo nada de qué defenderme”, ha afirmado el número 2 del PSOE, en referencia a la investigación que está desarrollando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública.
Según ha trascendido, la UCO ha entregado recientemente al Tribunal Supremo un informe con el contenido de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto entre Santos Cerdán, Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, empresarios y políticos implicados en la conocida trama del “caso Koldo”. Estas investigaciones estarían analizando supuestos amaños en contratos públicos durante la pandemia, especialmente en relación con material sanitario e infraestructuras.
Ante la presión mediática y las preguntas de los periodistas, Cerdán insistió en que no teme lo que pueda decir el informe de la UCO. “No sé lo que puede haber”, reiteró, subrayando que no ha cometido ninguna irregularidad y que nunca ha intervenido en adjudicaciones ilegales. También negó rotundamente haber mantenido relaciones comerciales o financieras con Víctor de Aldama, a quien la UCO y la Audiencia Nacional sitúan como uno de los principales intermediarios en la red de cobros ilícitos.
El informe de la UCO y el Supremo
El informe clave que está elaborando la Unidad Central Operativa aún no ha sido hecho público, pero ya está en manos del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien podría tomar decisiones en las próximas semanas.
Este documento recogería: un análisis forense de los teléfonos y dispositivos incautados a Koldo García., asimismo habría conversaciones y llamadas cruzadas entre los investigados, incluyendo a Santos Cerdán y posibles vínculos entre adjudicaciones de obra pública en Navarra y personas del entorno de Cerdán.
Aunque no hay imputación formal contra él, Cerdán es aforado por ser diputado, por lo que cualquier proceso judicial debe pasar por el Supremo. Según fuentes judiciales, la investigación sigue bajo secreto de sumario, aunque la presión política y mediática es cada vez más intensa.
La relación con Koldo y Aldama
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la relación personal y política entre Santos Cerdán y Koldo García, exasesor del exministro Ábalos. Las agendas de la UCO apuntan a múltiples llamadas entre ambos en los últimos años, coincidiendo con la adjudicación de contratos en varias comunidades autónomas. Además, el empresario Víctor de Aldama ha declarado ante la justicia que entregó dinero en efectivo a varios dirigentes del entorno del PSOE, mencionando incluso una supuesta entrega directa a Cerdán de 15.000 euros.
Estas declaraciones forman parte de la pieza separada del caso Koldo que investiga el cobro de comisiones ilegales en contratos de construcción y remodelación de infraestructuras públicas.
El respaldo de Ferraz y la postura del Gobierno
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien preguntada por si le preocupan los registros en la casa de Ábalos, ha respondido que «nada», a la vez que ha trasladado «toda» su confianza en Santos Cerdán. Desde la dirección del PSOE, el mensaje es claro: «Tranquilidad absoluta».
Fuentes de Ferraz aseguran que Santos Cerdán cuenta con la confianza plena del partido y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En palabras de un dirigente socialista: «Si hubiera algo, el presidente le habría cortado la cabeza», en alusión a una posible destitución inmediata si existiera alguna evidencia sólida de corrupción.
Además, el PSOE defiende que Cerdán nunca ha gestionado contratos ni ha participado en procedimientos de adjudicación. Como diputado y secretario de Organización, su labor está centrada en la estructura del partido y las relaciones institucionales, no en la administración pública directa.
Todo apunta a que el informe de la UCO, una vez sea desclasificado o filtrado, marcará un antes y un después en la investigación. Si el Tribunal Supremo encuentra indicios suficientes de delito en las actuaciones de Santos Cerdán, podría abrirse una causa formal contra él. No obstante, el margen político sigue abierto, especialmente en un contexto preelectoral en el que el PSOE busca minimizar el daño reputacional.
