Dos meses antes de que se notificara públicamente, Pedro Sánchez ya sabía que la Audiencia Nacional iba a absolver al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por su papel en el procés independentista catalán. La información confidencial le llegó al entonces presidente del Gobierno mediante una filtración directa del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, a través de mensajes enviados a José Luis Ábalos, ministro de Transportes por aquel entonces y hombre clave del entorno de Sánchez.
Según ha podido saber EL MUNDO en exclusiva, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a los whatsapps que prueban la filtración, en los que Navarro no solo anticipa el fallo judicial, sino que también alerta del momento exacto en que la sentencia sería notificada. Además, avisa de que la prensa empezaba a sospechar la resolución, sugiriendo que el Gobierno debía «manejar» la situación.
José Ramón Navarro enviado un mensaje a Ábalos el 15 de agosto de 2020. En él se puede leer: «¡¡Buenas tardes, José Luis!! A los efectos que procedan, ¡en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto, ¡no puede ser público! Fuerte abrazo y ¡descansa!».
José Luis Ábalos reenvió el mensaje a Pedro Sánchez, indicando que la información provenía del presidente de la Audiencia Nacional. La escueta respuesta del presidente fue: «ok»
Más de un mes después, el 30 de septiembre de 2020, Navarro volvió a escribir: «Buenas tardes, José Luis; la prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero, y publicarán en cualquier momento la absolución, para que lo manejéis«.
Este último mensaje, especialmente revelador por su frase final, sugiere una coordinación política a partir de una decisión judicial aún no publicada, lo que socava gravemente la credibilidad del sistema judicial en su independencia.
Un fallo judicial esperado por el Gobierno de Sánchez
En 2020, el caso de Trapero tenía una alta carga simbólica y política. Un año antes, en octubre de 2019, el Tribunal Supremo había condenado por sedición a los líderes del procés. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también pedía sedición para Trapero o, alternativamente, inhabilitación por desobediencia.
Sin embargo, el fallo fue absolutorio. La Audiencia concluyó que no existían pruebas suficientes para condenarlo por ninguno de los dos delitos. La decisión se notificó finalmente en octubre, una semana antes de que el Gobierno aprobara los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de ERC y PDeCAT. El contexto político hacía conveniente que Trapero quedara libre, al ser una figura bien valorada por el soberanismo catalán.
Navarro no niega los mensajes
EL MUNDO contactó con José Ramón Navarro, quien reconoció el envío de los mensajes: «No lo puedo negar«, afirmó, aunque añadió que no recordaba los detalles ni quería entrar en valoraciones porque “ha pasado mucho tiempo”.
Navarro presidió la Audiencia Nacional desde enero de 2014 hasta marzo de 2025, cuando fue sustituido por Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del sector conservador del anterior CGPJ. Anteriormente, había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Audiencia Provincial de Tenerife.
Según fuentes cercanas al PSOE, Navarro habría advertido en más de una ocasión al Ejecutivo del sentido de futuras resoluciones judiciales. Pero su relación con altos cargos políticos no se limita al caso de Trapero.
En la Operación Kitchen, por ejemplo, el volcado del móvil del ex secretario de Estado de Seguridad con el PP, Francisco Martínez, reveló intercambios con Navarro. En febrero de 2019, Martínez pedía información y consejo sobre la causa, consultándole si había algún auto que le pudiera ayudar a preparar su defensa. Navarro le prometió avisarlo cuando supiera algo sobre la declaración clave del comisario García Castaño (alias El Gordo), e incluso lo citó para cenar.
«Cualquier consejo que me sirva para estar preparado para lo que se avecine te lo agradeceré infinito», escribió Martínez. «Yo, en tu lugar, estaría tranquilo», le respondió Navarro, quien incluso le prometió que si obtenía información relevante, se la haría llegar.
La Fiscalía Anticorrupción acabó presentando una acusación contra Martínez, solicitando 15 años de cárcel por su implicación en el caso Kitchen.
El CGPJ analizó estas comunicaciones pero dio carpetazo al considerar que se trataba de un asunto jurisdiccional, no disciplinario.
Esta revelación llega en un momento especialmente delicado para la judicatura española, marcada por la reciente huelga de jueces, por el intento de aprobación de la polémica Ley Bolaños, que otorga más control político al nombramiento de fiscales y jueces y tiene como objetivo paralizar causas judiciales contra el Gobierno así como el centro de la Fiscalía sobre la UCO.
Esta filtración, confirmada por su propio autor y documentada por la UCO, coloca al Ejecutivo de Sánchez en el centro de un nuevo huracán político y pone en tela de juicio la transparencia e independencia de las más altas instancias del Estado.
