El Gobierno de España, de la mano del presidente Pedro Sánchez está presionando de manera muy intensa a la Unión Europea para convencer a sus socios europeos de que permitan el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la UE plantea su oficialidad desde 2027.
Aunque con una implementación parcial, ya que a partir de esa fecha únicamente se traducirían de toda la legislación comunitaria los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que en la última legislatura supuso menos del 3% de todos los actos jurídicos.
La reforma incluiría una «derogación» inmediata por la que las instituciones de la UE no estarán obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en catalán, euskera y gallego. Los Veintisiete deberán abordar a más tardar en un plazo de cuatro años la revisión de la derogación para decidir si se pone fin a la misma y todo cambio se decidirá de nuevo por unanimidad.
La propuesta matiza que este freno no afectará a los reglamentos, es decir, a las normas que, a diferencia de otros actos jurídicos como las directivas, son de aplicación directa en toda la UE y no necesitan transposición nacional. Según las estadísticas de la UE, en la última legislatura, se tramitaron un total de 12.065 actos jurídicos de los que el 2,6% (316) fueron reglamentos.
No gusta a los países bálticos, con minorías lingüistas rusas, el riesgo a abrir la «caja de Pandora» y que este cambio siente un precedente que les comprometa después. A estos miedos, el Gobierno insiste en las especificidades del caso español y sus lenguas cooficiales, recogidas en la Constitución, desde antes de su entrada en la UE, y de uso tanto en el Congreso como en el Senado.
La unanimidad exige que ningún país se pronuncie en contra, pero la abstención de delegaciones no impediría que se tomara una decisión; tampoco es definitivo que se vaya a producir la votación ya que hay margen para que la agenda se modifique sobre la marcha. Dicha votación se llevará a cabo el próximo martes 27 de mayo.
Las reticencias de los países europeos está intentando salvarlas Pedro Sánchez prometiendo que España asumirá íntegramente ese gasto.
El coste sería de al menos 132 millones de euros
La propia Comisión Europea ha cifrado en 132 millones de euros el gasto anual que supondría traducir, interpretar y adaptar a estas tres lenguas todo el andamiaje burocrático de Bruselas. Es decir, millones que no se destinarán a mejorar las listas de espera, ampliar la oferta de vivienda social o contratar profesores.
Pedro Sánchez ha prometido que España asumirá íntegramente ese gasto de implementación del catalán. Es decir, que el esfuerzo no lo hará la UE: lo harán los contribuyentes españoles. Una decisión que se ha tomado sin debate público, sin consultar al Congreso, para ver cómo los recursos públicos se dilapidan en gestos que solo buscan contentar a partidos como Junts, EH Bildu o ERC.
¿Qué se podría hacer con 132 millones de euros al año?
Con 132 millones de euros se podrían construir más de 3.000 viviendas sociales en ciudades donde la vivienda se ha convertido en un privilegio, no en un derecho. En Barcelona o Madrid, donde los alquileres no bajan de los 1.000 euros, esos millones podrían representar un alivio real para miles de familias jóvenes.
En educación, esa cantidad permitiría contratar a más de 3.500 profesores de secundaria durante un curso. En un país donde aún existen aulas con ratios imposibles, centros educativos con barracones y un sistema de becas insuficiente, este dinero tendría un impacto inmediato.
En sanidad, podríamos financiar más de 2.500 plazas de médicos y enfermeros para reforzar la atención primaria, que se desangra por la falta de personal. También cubriría la construcción de varios centros de salud o la modernización de hospitales que hoy siguen operando con infraestructuras del siglo pasado.
Incluso si habláramos de gasto social, 132 millones permitirían aumentar las prestaciones por dependencia o ampliar el ingreso mínimo vital a miles de familias que viven por debajo del umbral de la pobreza. Todo ello mucho antes que pagar traductores en Bruselas.
La oficialidad del catalán: un capricho electoralista
La pregunta que muchos españoles se hacen es evidente: ¿por qué ahora? ¿Por qué asumir este coste, precisamente en un momento en que España no tiene presupuestos con la deuda disparada
La respuesta está en el chantaje político de Puigdemont a Sánchez para imponer el catalan como lengua oficial. El reconocimiento de dicha lengua en la UE no nace de una demanda ciudadana generalizada, sino de los pactos que Pedro Sánchez ha sellado con el independentismo catalán para mantenerse en La Moncloa. Es el precio a pagar por la investidura, por la estabilidad parlamentaria, por seguir una legislatura más sin mirar al país real.
Ningún país europeo ha salido al paso de esta iniciativa con entusiasmo. Al contrario: Alemania, Suecia, Chequia o Polonia han manifestado serias dudas sobre el precedente que supondría. Porque si España logra que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la UE, ¿qué impedirá que lo pidan los flamencos, los corsos, los sardos o los bretones?
El Gobierno de Sánchez está demostrando una desconexión absoluta con las verdaderas prioridades del país, acuciado por la corrupción. En lugar de liderar una agenda social centrada en los grandes retos —la sanidad, la educación, la vivienda, la desigualdad—, prefiere utilizar los presupuestos del Estado para pagar favores políticos a sus socios. Y lo más grave: lo hace con orgullo, como si esa fuera la verdadera política progresista.
