El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso decisivo con un polémico anteproyecto de ley impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que busca declarar ilegales todas aquellos audios privados realizados sin autorización judicial, como las que forman parte del extenso y explosivo informe de la UCO sobre la trama de corrupción que implica al exministro José Luis Ábalos, al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al que fuera su asesor de confianza, Koldo García.
El texto legal, que ya ha sido elevado a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios en Moncloa, establece como objetivo formal la protección del derecho al honor, la intimidad personal y familiar, así como la propia imagen. Sin embargo, en su trasfondo jurídico y político, lo que se discute en estos momentos es si se trata de una reforma garantista o de una maniobra para blindar a cargos socialistas investigados por corrupción.
Entre las claves del anteproyecto se encuentra la declaración de “ilegítimas” aquellas pruebas obtenidas a través de grabaciones no judiciales, incluidas aquellas hechas por terceros o incluso por herramientas de inteligencia artificial
Esto afectaría directamente a las pruebas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha venido acumulando en el marco de la investigación por comisiones ilegales y contratos adjudicados en el caso Koldo, en el que están implicados dos antiguos secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el asesor de éste último, Koldo García,
Las grabaciones que figuran en varios informes de la UCO ya dejaron en evidencia presuntos pagos a cambio de contratos con la administración, implicando a figuras de primera línea del PSOE hasta hace poco.
El momento elegido por el Ejecutivo para presentar este proyecto no parece casual. Coincide con el estallido mediático del llamado ‘caso Koldo’, la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE y el endurecimiento de las posiciones de José Luis Ábalos, que estaría renegociando su estrategia judicial tras las últimas revelaciones.
El propio contenido del artículo 7 del anteproyecto amplía de forma significativa las restricciones, prohibiendo expresamente la grabación y difusión de conversaciones mantenidas en entornos privados, aun cuando no estén dentro de un domicilio. Esto afectaría también a cualquier grabación filtrada que posteriormente sea recogida por los medios de comunicación, lo que ha despertado la alarma entre las asociaciones de periodistas por su potencial efecto censurador.
Desde el Gobierno, la defensa se articula en torno a la necesidad de reforzar derechos fundamentales y adaptarse a los nuevos escenarios tecnológicos. Félix Bolaños ha defendido públicamente que no se puede permitir la proliferación de pruebas obtenidas de manera ilegal que luego se conviertan en piezas clave en procesos judiciales. A esto se sumaría la nueva ley Bolaños que sería muy perjudicial para la carrera judicial y las investigaciones judiciales.
Según Moncloa, la ley sobre los audios no afectará a las causas ya abiertas y solo será de aplicación para hechos futuros, aunque expertos en Derecho Constitucional consideran que la retroactividad de facto puede acabar generando jurisprudencia favorable a los imputados en los tribunales.
El caso que ha motivado esta iniciativa legislativa no es menor. En las grabaciones incluidas en el informe de la UCO se escucha a Ábalos reconocer pagos, a Koldo García detallar cobros de supuestas mordidas y a Santos Cerdán aparecer mencionado como interlocutor en el reparto de beneficios, lo que ha generado un terremoto político de dimensiones aún por medir.
La presión se ha incrementado tras las numerosas grabaciones que han salido la luz hasta ahora, como declaraciones de Andrea, ex pareja de Ábalos, quien en entrevistas recientes ha implicado incluso a La Moncloa, señalando que “Sánchez lo sabía todo”.
El artículo 8 del texto contempla como excepción a la Ley la intervención de la autoridad judicial o policial: «No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la Ley». La única duda es si esta modificación de la normativa vigente sobre el derecho al Honor, que data de 1982, podría afectar a la instrucción del caso Koldo o invalidar las grabaciones y audios que se recogen en el último informe de la UCO.
Las futuras grabaciones sí podrían verse afectadas en caso de que en caso de que finalmente se apruebe esta ley. En este escenario, la aprobación de la llamada esta ley para invalidar determinados audios aparece como una tabla de salvación para el entorno del presidente, al mismo tiempo que agrava la tensión institucional con los órganos judiciales.
