La corrupción y la manipulación institucional bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y con Cándido Conde-Pumpido al frente del Tribunal Constitucional han alcanzado niveles escandalosos en España. Lo que debería ser el máximo garante de la legalidad se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo, una herramienta de impunidad para los corruptos del PSOE. Pero la reciente decisión de la Audiencia de Sevilla de llevar las fechorías de Conde-Pumpido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) podría marcar el principio del fin de esta ignominia.
Conde-Pumpido: De magistrado a lacayo del sanchismo
Desde que Sánchez colocó a Conde-Pumpido en la presidencia del Tribunal Constitucional, este órgano ha dejado de ser independiente. El magistrado ha demostrado ser un fiel servidor de La Moncloa, poniendo el TC al servicio de los intereses del PSOE y de su jefe supremo. Su última maniobra para anular las condenas de los corruptos del caso ERE ha sido una afrenta a la democracia y una burla a los ciudadanos honrados.
Los 680 millones de euros saqueados de los fondos destinados a los parados andaluces son el mayor escándalo de corrupción en la historia de España. Pero eso a Conde-Pumpido no le ha importado. Su única misión ha sido exonerar a los líderes del PSOE que robaron el dinero de los más necesitados. ¿Qué diferencia hay entre esto y un indulto encubierto? Ninguna. El Tribunal Constitucional se ha convertido en la oficina de salvamento de los delincuentes socialistas, pisoteando el trabajo de jueces y fiscales que durante años investigaron y condenaron esta trama criminal.
Pero su corrupción institucional no se detiene en los ERE. Conde-Pumpido también ha allanado el camino para aprobar leyes aberrantes como la amnistía a los golpistas del 1-O, demostrando que está dispuesto a prostituir la Constitución con tal de cumplir los deseos de Pedro Sánchez. Con cada decisión, ha confirmado que no es un magistrado, sino un mercenario al servicio del poder socialista.
Pedro Sánchez: Un dictador disfrazado de demócrata
El sanchismo ha mutado en un régimen autoritario disfrazado de democracia. Pedro Sánchez no gobierna, sino que impone su voluntad a base de mentiras, manipulaciones y un control absoluto de las instituciones. Ha colonizado el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y hasta el Tribunal de Cuentas. Su objetivo es claro: borrar cualquier rastro de control democrático y garantizar su impunidad y la de su camarilla.
El caso de los ERE es solo un ejemplo más de su obsesión por proteger a los suyos. Lo vimos también con los indultos a los golpistas catalanes y lo estamos viendo con la futura amnistía que regalará a los delincuentes separatistas. Para Sánchez, la ley es solo un obstáculo que se puede modificar, retorcer o eliminar según convenga a su supervivencia política.
Pero no solo se trata de corrupción judicial. Su Gobierno está plagado de escándalos, desde las investigaciones sobre las actividades de su esposa, Begoña Gómez, hasta los turbios contratos de su hermano. Sin embargo, con la fiscalía bajo su control, todo queda en el olvido. Sánchez ha construido un Estado mafioso en el que el que controla las instituciones puede delinquir sin consecuencias.
Europa al rescate de la democracia española
Ante este desmantelamiento de la justicia, la Audiencia de Sevilla ha dado un paso adelante y ha llevado el caso ante el TJUE. Es una decisión histórica que expone las maniobras de Conde-Pumpido y Sánchez ante la comunidad internacional. Europa no puede permitir que un país miembro de la Unión siga el camino de regímenes autoritarios como el de Venezuela o Brasil , donde el poder judicial ha sido secuestrado por el Gobierno.
La pregunta es clara: ¿Permitirá Bruselas que España se convierta en una dictadura judicial al servicio de Pedro Sánchez? Porque si Europa no interviene, el siguiente paso será aún más grave: Sánchez y sus jueces títeres podrían empezar a perseguir judicialmente a la oposición, a periodistas incómodos y a cualquier ciudadano que se atreva a desafiar el régimen sanchista.
Un pueblo que no reacciona es un pueblo condenado
España está ante un punto de inflexión. Si la ciudadanía sigue permitiendo esta degradación institucional, pronto no quedará nada de la democracia. El Tribunal Constitucional está podrido, la Fiscalía está domesticada y el Gobierno es un nido de corrupción sin precedentes. Cada día que pasa sin que se exija la dimisión de Sánchez y Conde-Pumpido es un día más en el que la democracia muere un poco más.
Es hora de despertar. De exigir elecciones. De alzar la voz. Porque si no lo hacemos ahora, cuando queramos reaccionar será demasiado tarde y España habrá caído en un pozo del que será imposible salir.
