La concesión en ayudas públicas solicitados por Vivanta podría tener informes desfavorables emitidos por los asesores externos de la SEPI si se lleva a cabo una sentencia firme en contra en cualquiera de los casos
Según ha publicado la semana pasada el portal web The Objective, el empresario Íñigo Sánchez-Asiaín, fundador de Portobello Capital, firma que constituyó las clínicas Vivanta en 2017 tras la compra de Unidental, opta a un rescate público de 40 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Fuentes de Vivanta han indicado al referido medio de comunicación que «la situación de la compañía actualmente es buena» y que aparentemente está «llegando a niveles de facturación prepandemia», aunque ello no ha impedido la solicitud de ayuda pública al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
En total, 60 compañías han solicitado ayudas de este tipo al Fasee, de acuerdo a información suministrada a mediados de este mes de diciembre por la SEPI, en la que además anunciaban la contratación de asesores jurídicos y financieros externos para analizar la situación particular de tres de las más de medio centenar de empresas, entre las que figura Vivanta.
Si se miran las condiciones detalladas en la orden ministerial por la que se establece el funcionamiento del Fasee, se podría decir que las ayudas públicas solicitadas por Vivanta a la SEPI están en riesgo, debido a que la compañía tiene abiertos varios frentes judiciales en los Juzgados desde 2018 contra sus antiguos accionistas minoritarios.
Además, registró pérdidas por 20,13 millones de euros a cierre de 2019, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por The Objective mediante la herramienta Insight View.
Para poder optar a las ayudas públicas del Fondo dotado con 4.000 millones de euros se debe, entre otras cosas, no constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre del 2019, así como «no haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos».
Así las cosas, estas dos condiciones amenazan el rescate a Vivanta, toda vez que Portobello mantiene abiertos varios casos penales y mercantiles con los antiguos socios minoritarios de Vivanta. En concreto, los Juzgados de Instrucción de Primera Instancia Nº 49 y 21 tienen abiertos sendos procesos en los que están siendo investigados varios directivos de la firma de capital privado.
Todo ello, por presuntos delitos de estafa y falsedad documental, mientras que existen otros dos casos pendientes de sentencia en los Juzgados de lo Mercantil Nº 2 y 13 de Madrid. Por si fuera poco, el Juzgado Mercantil Nº 12 de Madrid dictó una sentencia por la que declaró nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros con la que Portobello diluyó a los accionistas minoritarios de Vivanta.
En ese caso, la magistrada Ana María Gallego manifestó que dicha ampliación de capital llevada a cabo en 2019 causó un perjuicio económico a los inversores de Grupo Hospitalario Europeo, matriz de Vivanta. No obstante, la sentencia no es firme dad0 que se encuentra recurrida en apelación.
Lo cierto es que la concesión de los 40 millones de euros en ayudas públicas solicitados por Vivanta podría tener informes desfavorables emitidos por los asesores externos de la SEPI si se lleva a cabo una sentencia firme en contra en cualquiera de los casos mencionados previamente.
Sin embargo, desde las clínicas dentales aseguran que «son hechos judiciales antiguos y ya conocidos, que se suman a otros casos que fueron archivados en favor de Vivanta». «Si la SEPI ha iniciado la licitación para la contratación de los asesores externos que evaluarán nuestro caso es porque ha visto que no suponen un motivo para rechazar las ayudas solicitadas», explican las fuentes consultadas por The Objective.
Los 40 millones, repartidos en dos préstamos
Las mismas fuentes han recordado al ya mencionado portal web que la crisis provocada por el Covid-19 afectó gravemente la economía y obligó a la mayoría de empresas, entre ellas sus clínicas dentales y estéticas, a cerrar sus puertas durante meses.
Por ello, han solicitado hace un año al Fasee los 40 millones de euros en ayudas públicas estructurados mediante un primer préstamo participativo de 20,4 millones, y otro ordinario de 19,4 millones.
«La situación financiera de la compañía no tiene nada que ver con la de hace un año. Durante 2021 la compañía está obteniendo buenos resultados y llegando a niveles de facturación prepandemia», añaden las mismas fuentes. Además, no ocultan que la empresa mantendrá su viabilidad a futuro, incluso si no recibiera las ayudas de la SEPI.
