Íñigo Sánchez-Asiaín mintió al negar que está imputado por un delito de estafa y falsedad documental en la compra de una de las clínicas con las que Portobello Capital montó la cadena de odontología y estética Vivanta.
En un burofax enviado a El Distrito el pasado 7 de octubre, Sánchez-Asiaín en nombre propio y en representación de Portobello Capital ha solicitado un derecho de réplica ante las diversas informaciones de las cuales este y otros medios de comunicación se han hecho eco.
«Es falso que Íñigo Sánchez-Asiaín esté imputado. No existe imputación alguna conocida contra Sánchez-Asiaín», reza el documento enviado a nuestra redacción a inicios de este mes, en el que además insistían en que «no es cierto que las denuncias se sigan acumulando en los juzgados contra Portobello».
Dicha aseveración por parte de Sánchez-Asiaín contrasta con la acción del Juzgado Mercantil Nº 2 de Madrid, el cual ha dejado este jueves vista para sentencia la demanda de un socio minoritario de las clínicas dentales Vivanta contra la gestora Portobello, por el presunto perjuicio creado con la compra de Grupo Vera Dental con un sobreprecio estimado en 6,2 millones de euros.
En un auto al que ha tenido acceso El Distrito, el Juzgado de Instrucción Nº 49 de Madrid señala que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de estafa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
«Se acuerda la incoación de Diligencias Previas por un delito de estafa contra Juan Luis Ramírez Bellavitegui, Carlos Dolz Espejo, Ramón Cerdeiras Checa, Portobello Capital, Cartera Vivanta S.L.U e Íñigo Sánchez-Asiaín Mardones, dándose parte de su incoación al Ministerio Fiscal», añade el documento.
De igual modo, se ha ordenado oír en declaración, «previo traslado de la querella interpuesta, a la persona especialmente designada por los representantes legales de Portobello Capital y Cartera Vivanta S.L.U, de conformidad con lo establecido en el artículo 409 bis de la LECRiminal, instruyéndoles de los derechos contenidos en los arts. 118 de la LECrim, señalándose para su práctica el próximo día 13 de enero de 2022, a las 11:30 horas».
«Tras la práctica de las declaraciones señaladas, se acordará lo que proceda», finaliza el documento.
La querella, presentada por Daniel Martín y Tagalo Consulting, argumenta que el tercero de los pagos que Vivanta debía efectuar al anterior propietario de la clínica dependía de los resultados, y que estos fueron falseados, algo de lo que el demandante se dio cuenta cuando recibió por equivocación un documento que recogía todos los pagos de los pacientes.
«Martín vendió la clínica de su propiedad el día 02/07/2018 por un precio de 410.000 euros en tres pagos; un primer pago de 150.000 euros, un segundo pago de 150.000 euros en septiembre del 2018, y un tercer pago, variable a los resultados obtenidos en 2019, de 110.000 euros. De todo lo firmado, Vivanta S.L.U cumplió únicamente con el primer pago», declara el demandante.
Asimismo, condena que «el segundo pago que debía realizarse en septiembre de 2018 lo realizó ocho meses después, en el que tanto Vivanta como sus responsables incumplieron con lo firmado anteriormente, no solo por el retraso en el pago, sino que también incumplieron lo que firmaron a la hora de pagar a terceros, sin corroborar ni verificar con la vendedora esos presuntos pagos a terceros, como así se firmó en el contrato de compraventa».
«Vivanta pagó a terceros sin comprobar con el vendedor si las facturas eran correctas, tanto los importes como si se deben pagar dichas facturas. Entre otro, se pagó a doctores que estaban despedidos por robar en la clínica por importe de más de 32.000 euros. No se consultó con el vendedor de esos pagos a terceros, ni responsables de Vivanta pusieron en conocimiento del vendedor los pagos antes de realizarlos», agrega el texto.
De igual manera reitera que «el tercer pago de 110.000 euros dependía de los resultados de la clínica en 2019», y que «Vivanta dio unos resultados con una facturación de 320.000 euros y unas pérdidas de 163.000 euros», lo cual califica como una «situación sorprendente», pues dicha clínica había obtenido «unos beneficios de más de 100.000 euros en 2017, y con Vivanta pasó a perder 163.000 euros una vez la adquirieron».
«Al solicitar explicaciones de lo sucedido, los responsables de Vivanta dijeron a mi cliente que ellos no eran tan buenos vendiendo, y que por eso la clínica daba pérdidas. En consecuencia, no tenían qué hacer frente al tercer pago, al no haber cumplido los objetivos», prosigue.
El escándalo se destapa cuando el 16 de diciembre de 2019 el gerente de Integración de Vivanta le remitió los resultados de la clínica vía email al querellante, «cometiendo un error de incluir todos los pagos de los pacientes», algo que no habían hecho antes.
«Cuando Martín revisó los pagos del archivo, pudo comprobar que Vivanta le estaba engañando, manipulando los resultados contables para no cumplir con el tercer pago (…) Cuando se sumó la tabla de resultados, los importes pagados por los pacientes dan un resultado de 492.884,34 euros, mientras que Vivanta ponía en la hoja de resultados 320.000 euros». Es decir, una diferencia de 192.884,34 euros.
Cuando el demandante pidió explicaciones al empleado de Vivanta que le envió por error los pagos de los clientes, el mismo respondió que «no sabía nada», mientras que el director general de Vivanta le aseguró que «tenían muy buenos abogados y, hasta que un juez no le dijera que tenía que pagar, no iban a dar ni un céntimo».
Meses después, diversos medios de comunicación publicaron que hasta 17 clínicas que antes eran rentables, una vez pasaron a mano de Vivanta dieron pérdidas muy cuantiosas, repitiéndose el mismo procedimiento para no hacer frente a los pagos variables que habían firmado.
