¿Quién controla al Gobierno de Pedro Sánchez?

Las naciones suponen disponer de una Auditoria General de la nación cuyo propósito es auditar la gestión gubernamental y publicar los índices (desempleo, inflación, déficit anual de la gestión, deuda pública, etc.) y datos respecto a la nación (habitantes, turismo, gastos generales, etc.)

Pero el caso es que en todos los casos este departamento que supone garantizar la transparencia operativa del gobierno de la que tanto se habla, pertenece a la estructura del gobierno y subordinada al Poder Ejecutivo. Se trata de un instrumento controlado por políticos y su director y personal ejecutivo son nombrados por las autoridades de turno.

Las empresas que cotizan en bolsa también llevan a cabo auditorías de sus operaciones, pero el proceso es realizado por una organización externa y prestigiosa ya que una auditoría hecha por el personal de la empresa nunca sería tomada en serio por los potenciales inversionistas. Nadie aceptaría como fiable la información generada por quienes administran la organización.

Los políticos de todas las naciones son usualmente identificados como profesionales del engaño sin embargo los pueblos no tienen más alternativa que aceptar sus cifras  aunque  cuestionemos los datos, índices y cifras producidas por esta entidad.

Tomemos como ejemplo el índice de desempleo español que es el más significativo de los que  reflejan el nivel de vida. Es obvio que si un país tiene un mercado de demanda de trabajadores y por lo tanto  existe pleno empleo y buenos salarios, la población no sufre apuros económicos, por el contrario tal situación refleja un buen nivel de vida.

Cuando se produce la Transición el índice del desempleo heredado del régimen franquista era del 3,5%, indicativo de abundantes puestos de trabajo

Cuando el PSOE asume el gobierno en 1982 bajo Felipe González, utilizando un incremento sorpresivo y elevado de los impuestos, en pocos días destruye 3 millones de puestos de trabajo que habían tomado años en crearse y el índice alcanza el 27%.

El gobierno del PSOE y los siguientes proyectaron una imagen de lucha contra la plaga del desempleo y el índice comenzó a bajar con ciertas oscilaciones y mucha publicidad sobre los grandes esfuerzos del gobierno en su gestión.  Para 2024, luego de 42 años de “lucha”, el índice oficial era 10,6% con los políticos adoptando aires de “los buenos resultados que hemos logrado”.

La realidad no reflejada en los datos es que el gobierno se había asegurado de convertir el desempleo en crónico al minar el interés de los inversores creando dificultades para la creación y gestión de nuevas empresas. La cifra oficial de 2024 mencionaba 2.590.000 desempleados en una España donde conseguir un empleo se había vuelto tarea cercana a lo imposible, salvo que un colega amigo o familiar pudiera y quisiera ofrecértelo.

Pero resulta que virtualmente en España no se habían creado nuevos puestos de trabajo en el sector privado y los nuevos registros provenían de empleos artificiales creados en el gobierno. En 1975 el gobierno español tenía 750.000 funcionarios (y ya era una cifra importante). En el 2025 la cifra oficial supera los 3.500.000 empleados públicos.

Los políticos “enchufaron” 2.750.000 personas en el gobierno. No se multiplicaron los servicios públicos que por el contrario sufrieron merma, pero se incrementó la burocracia y los contribuyentes soportan Euros 5000millones/mes por el innecesario personal extra.

El proceso de auditar la gestión gubernamental es imprescindible pero la acción debe ser llevada a cabo por una entidad no controlada por el gobierno que reporte directamente a los ciudadanos.

Una Auditoria contable y operativa, autónoma y reportando a los ciudadanos quienes elegirían a sus ejecutivos. La auditoría no se limitaría a verificar las cifras sino que controlaría en que se invirtieron esos fondos que pertenecen a los ciudadanos y cuyo fin sólo debería ser promover el mejor posible nivel de vida para la población. La Junta Electoral también debería formar parte de la Auditoría.

Bajo el” piedra libre” que se han auto adjudicado los políticos gobernantes se toman medidas arbitrarias y abusivas, gastando el dinero público a su aire  sin control alguno, una situación absurda a costa del pueblo español que sufre las consecuencias.

La situación es una auténtica tomadura de pelo cuando además de lo dicho resulta que los actuales gobernantes, gracias al fraudulento sistema electoral de listas impuesto por ellos en su transición, no representan a los votantes que sólo pueden votar por uno u otro partido. Los parlamentarios sólo obedecen en bloque a sus jefes; el interés de los ciudadanos no cuenta en sus decisiones.

En suma, el pueblo español permite que gobernantes ilegales hagan lo que se les da la gana con la nación a costa de un pueblo privado de defensa contra los abusos e irregularidades de estos improvisados políticos, que en el proceso se enriquecen.

Luis Merlo