Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts per Catalunya, ha vuelto a la carga con un discurso cargado de acusaciones contra el Partido Popular (PP), al que responsabiliza del fracaso de la iniciativa para declarar al catalán lengua oficial en la Unión Europea. En concreto, Puigdemont ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de «conspirar con terceros países contra los intereses de Cataluña», mientras obvia el fracaso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su falta de diplomacia en la UE.
La votación prevista hoy, que podría haber supuesto un avance histórico para la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas, fue finalmente aplazada por falta de consenso entre los Estados miembros. Varios países, como Finlandia, Croacia, Austria, Suecia y Francia, han solicitado más tiempo para estudiar las implicaciones jurídicas y económicas de la medida. Esto supone un nuevo revés para el Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha logrado garantizar la unanimidad necesaria pese a sus promesas y su supuesta capacidad de negociación en Bruselas.
Puigdemont, desde su posición en el Parlamento Europeo, ha querido desviar el foco del fracaso diplomático del Gobierno socialista cargando contra Feijóo. Según el líder independentista, la oposición del PP a la iniciativa vulnera el Estatut de Catalunya, que obliga a los poderes públicos a promover la oficialidad del catalán en el ámbito internacional. Además, ha tachado de «inaceptable» que se aleguen razones económicas para frenar el reconocimiento de una lengua.
Sin embargo, estas acusaciones parecen una maniobra política para mantener viva la confrontación con el Estado y para seguir justificando la alianza con el PSOE en el Congreso, de la cual Junts ha obtenido contrapartidas clave, incluyendo la promoción de esta medida como parte del acuerdo de investidura. En lugar de ofrecer soluciones, Puigdemont opta por la confrontación retórica, algo habitual en su estrategia comunicativa desde su huida a Bélgica en 2017.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez también queda retratado tras el aplazamiento. Pese a haber presentado la propuesta en septiembre de 2023 y a prometer que España asumiría todos los costes derivados de la traducción e interpretación de las lenguas cooficiales (unos 132 millones de euros), no ha sido capaz de articular una estrategia efectiva para convencer a los países miembros. La falta de apoyo deja en evidencia la pobre gestión diplomática del Ejecutivo socialista, que está más centrado en satisfacer a sus socios parlamentarios que en construir alianzas sólidas en la UE.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha intentado quitar hierro al asunto asegurando que la oficialidad de las lenguas cooficiales es «irreversible» y que se seguirá dialogando con los socios europeos. Pero la realidad es que, tras más de un año de gestiones, no se ha logrado ni una fecha clara ni un compromiso firme de los países reticentes.
Mientras tanto, Carles Puigdemont intenta capitalizar el revés político acusando al presidente del PP de traicionar los intereses de Cataluña, sin aportar ninguna prueba concreta de esa supuesta conspiración.
Tampoco es nueva la estrategia de Pedro Sánchez, que ha hecho de la promesa de la oficialidad del catalán en la UE una moneda de cambio con Junts. Prometer lo que no se puede cumplir a corto plazo, como ya ocurrió con la amnistía, es una forma de mantener contentos a sus socios sin asumir el coste de resultados concretos. En este caso, la iniciativa se ha estrellado contra la cruda realidad de una Europa reacia a abrir la puerta a nuevas lenguas oficiales, por miedo al efecto dominó entre las más de 60 lenguas regionales que existen en el continente.
El fracaso de la votación en la UE es un revés tanto para el independentismo como para el Gobierno. Muestra que, más allá de los discursos, no existe un respaldo real ni en Europa ni dentro del propio Estado para convertir esta reivindicación en una realidad.
Tanto Puigdemont como Sánchez están utilizando el catalán como arma arrojadiza: el primero para sostener su narrativa de confrontación con el Estado, y el segundo para mantener viva una legislatura que depende del apoyo de fuerzas separatistas, siendo una nueva promesa incumplida.
