El PSOE refuerza su gabinete jurídico ante la avalancha de casos de corrupción

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Reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, en la sede de la calle Ferraz. Fuente EP
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Raúl Sánchez Folgueiras

Raúl Sánchez Folgueiras, economista y director adjunto de El Distrito Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, en periódicos como Estrella Digital como director y posteriormente como redactor jefe de Merca2. Colabora como tertuliano en diferentes TV y radios nacionales. IG /Twitter: RaulFolgueiras

El PSOE ha decidido responder de forma decidida a la oleada de escándalos judiciales que sacuden al partido: ha optado por ampliar su equipo jurídico para enfrentar una “guerra judicial” que amenaza la imagen de la formación y la estabilidad de su Gobierno, liderado por Pedro Sánchez.

El equipo de abogados del PSOE era hasta ahora limitado y está sudando para abordar expedientes internos, casos de corrupción que acorralan a su partido, acusaciones públicas, y procesos judiciales complejos, tanto para su defensa jurídica como para asesorar en la comunicación política del partido

Un puesto de nueva creación que, según los protocolos internos, se ofrece en primer término entre sus afiliados, por si hubiera algún militante interesado en integrarse en el equipo. Si tras un primer testeo entre sus bases, el puesto no se lograra cubrir, ya entonces sí se sacaría oficialmente fuera del partido, a través de algún portal de contratación público.

El aumento en la carga de trabajo es evidente: desde el caso Koldo, vinculado al exministro José Luis Ábalos, hasta la imputación de casos relacionados con Begoña Gómez o el hermano del presidente Sánchez, los servicios jurídicos de Ferraz se han visto desbordados.

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El refuerzo jurídico no solo tiene un papel meramente defensivo. El PSOE ha lanzado una ofensiva activa: ha interpuesto querellas contra Vox, Almeida y Abascal, y hasta denunció a un magistrado —parte de su cambio estratégico en el uso del aparato judicial.

Entre los casos que ahora mismo quitan el sueño al partido socialista se encontrarían:

-Caso Koldo / Ábalos y Santos Cerdán: El exministro de Transportes está siendo investigado por presunto cohecho, malversación y tráfico de influencias relacionados con contratos durante la pandemia. El PSOE suspendió su militancia y espera su defensa legal reforzada. Ahora se suma a la previsible imputación de Santos Cerdán, secretario de Organización del partido y que está pendiente de un informe contundente de la Guardia Civil por el presunto cobro de comisiones.

-Imputaciones de Begoña Gómez y el hermano de Sánchez:En paralelo, la sombra judicial recae sobre el entorno familiar del presidente, generando un gasto extra en asesoría jurídica que afecta al entorno familiar directo del presidente Sánchez.

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-Caso Leire Díez: Un caso que preocupa en gran medida a Ferraz por las implicaciones que pueda tener para su partido, por los audios filtrados donde la fontanera del PSOE maniobra con empresarios para desprestigiar a la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO).Con documentación sensible entregada en Ferraz, incluida información sobre fiscales y miembros del CGPJ, el PSOE centralizó el caso en su equipo jurídico, que canalizó la evidencia a la Fiscalía.

La ampliación del equipo jurídico responde a una doble estrategia, por un lado una estrategia defensiva, para proteger a figuras clave como Ábalos, García Ortiz, y los familiares de Sánchez, ante procesos mediáticos y jurídicos, y por otro lado un enfoque ofensivo, para presentar querellas estratégicas que mantengan el relato favorable del PSOE y presionen a la oposición, al tiempo que controlan el enfoque mediático.

Esta línea también se refleja en la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita la acusación popular y responde a la exigencia de control sobre instrumentos judiciales utilizados por la oposición.

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