Desde hace décadas, los gobiernos europeos no se limitan a mantener sus fronteras abiertas: utilizan dinero público para financiar la llegada y el asentamiento de inmigrantes ilegales, especialmente de origen africano. Esta realidad ha generado un creciente descontento ciudadano, y muchos analistas denuncian que estamos ante una reconfiguración demográfica del continente promovida desde las altas esferas del poder.

El contexto ideológico: ¿Predicción o planificación?

En 1923, el aristócrata austrohúngaro Richard Coudenhove-Kalergi publicó Pan-Europa, una obra donde abordaba la baja natalidad en Europa, la necesidad de un proyecto político unificador continental (que luego daría origen a la Unión Europea) y la posible transformación demográfica de Europa mediante inmigración masiva de origen africano y asiático. Lo que muchos consideraron en su momento una visión filosófica o geopolítica, hoy parece haberse cumplido al pie de la letra.

Descolonización y caos estratégico

Durante la segunda mitad del siglo XX, las potencias europeas transformaron sus colonias africanas en repúblicas independientes, muchas veces bajo presión de intereses externos y conflictos armados promovidos desde el exterior.Grupos violentos como los Mau Mau en Kenia, los Simbas en el Congo o los comunistas en Angola y Argelia contaron con el respaldo —directo o indirecto— de servicios de inteligencia internacionales. El resultado: dictaduras sangrientas, anarquía política y destrucción económica, especialmente en regiones como Sudáfrica, donde el proceso derivó en el acoso a los boers, confiscaciones de tierras y el abandono de la producción agrícola.

La migración masiva como consecuencia… o como objetivo

La desestabilización de África no ha sido un fenómeno casual. El caos generado ha empujado a millones de personas a emigrar hacia Europa, con apoyo logístico y financiero en muchos casos. Organizaciones, ONGs y gobiernos europeos subvencionan directa o indirectamente el tráfico humano a través del Mediterráneo, sin exigir responsabilidad a los países de origen o tránsito como Marruecos.

En lugar de aplicar políticas de devolución, los gobiernos europeos destinan millones de euros al alojamiento, regularización y subsidio de migrantes ilegales, lo que ha generado una carga insostenible sobre los sistemas sociales y sanitarios.

¿Una agenda común desde Bruselas?

Uno de los aspectos más preocupantes es la uniformidad con la que todos los gobiernos europeos aplican las mismas medidas: puertas abiertas, subvenciones, regularización exprés y silenciamiento del debate público.Esto ha llevado a muchos a preguntarse si existe una agenda global impulsada desde la Comisión Europea u organismos supranacionales con el fin de transformar la estructura étnica, cultural y religiosa de Europa.

Impacto en vivienda, empleo y cohesión social

En países como España, una familia española puede pagar 700 euros de alquiler, mientras que migrantes subsistidos con ayudas públicas acceden a las mismas viviendas por 50 euros o mediante ocupación ilegal.Muchos propietarios han optado por retirar sus pisos del mercado, lo que ha disparado los precios de alquiler para la clase media. En Alemania, una familia migrante puede recibir hasta 2.000 euros mensuales en subsidios sin trabajar.Estos privilegios generan tensiones sociales, polarización y una sensación de abandono por parte de los ciudadanos autóctonos.

¿Estamos ante una sustitución demográfica?

Mientras la natalidad europea se hunde, la natalidad en los sectores migrantes se mantiene alta. Este desequilibrio a largo plazo plantea un escenario en el que la población nativa pueda convertirse en minoría en su propio territorio, con profundas implicaciones culturales, lingüísticas y religiosas.

Reflexión final: ¿Quién manda realmente en Europa?

Muchos ciudadanos se preguntan: ¿Por qué los gobiernos insisten en estas políticas, a pesar del rechazo creciente de la población?La historia nos recuerda que la soberanía, según la Escuela de Salamanca y autores como Francisco de Vitoria, reside en el pueblo. Thomas Jefferson reforzó esta idea en la Declaración de Independencia de EE.UU.: “El pueblo no solo tiene el derecho, sino el deber de sustituir a un gobierno que actúe contra su bienestar.”