La Comisión Europea ha recibido una solicitud del Partido Popular para investigar la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a un supuesto trato preferencial en el ámbito del empleo público y a la posible infracción de los principios de equidad e imparcialidad dentro de la administración. En una intervención parlamentaria, la vicepresidenta del PPE y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha destacado «la urgencia de evaluar la posible creación de un cargo específico para David Sánchez Pérez-Castejón por parte de una entidad pública».

Montserrat evoca los artículos 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea, así como el artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE, que dictan los fundamentos de igualdad, objetividad en la gestión pública y la mitigación de conflictos de interés. Asimismo, destaca que el artículo 298 del TFUE establece el principio de adecuada gestión en el servicio público.

Hasta un total de 329 intercambios de información han sido identificados por los agentes de la Guardia Civil, los cuales tuvieron lugar entre Luis Carrero, ex asesor de Moncloa, y David Sánchez (hermano del presidente Pedro Sánchez)durante el periodo de 2022 a 2024, cuando el asesor fue oficialmente contratado por la Diputación de Badajoz. Nuevos delitos de tráfico de influencias y prevaricación les son atribuidos por la magistrada Beatriz Biedma, según señala el PP en su comunicado.

Considerando que «uno de los apartados del informe anual sobre el Estado de Derecho es la corrupción,» Montserrat ha decidido enviar toda la información referente al caso a Bruselas. En este contexto, solicita a la Comisión si es una infracción del principio de imparcialidad administrativa el favorecer directamente al hermano del presidente y qué acciones tiene previsto implementar la Comisión para asegurar que el Gobierno de España respete el principio de igualdad de acceso a puestos en el sector público, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 4 de la Directiva 2000/78/CE, que impide el trato preferencial en la contratación pública.

“Cada día, escándalo tras escándalo, el presidente Pedro Sánchez pone de manifiesto que constantemente ignora las normas del buen gobierno y los principios democráticos que nos caracterizan como europeos. El favoritismo es intolerable en la gestión pública. Numerosos recursos y tiempo son dedicados por la Comisión a combatir el tráfico de influencias y la corrupción, y este caso representa un ejemplo evidente de lo que no se debe hacer”, declaró.

La Comisión ha sido cuestionada por Dolors Montserrat acerca de si va a requerir datos al Gobierno para establecer si la legislación española se ajusta a los criterios europeos de objetividad en el acceso a la función pública o si ha existido una infracción del principio de transparencia en la administración de los recursos humanos en el sector público en el asunto del hermano del presidente Pedro Sánchez.

La Audiencia de Badajoz rechaza dos recursos del hermano de Pedro Sánchez

Este viernes, la Audiencia Provincial de Badajoz ha desestimado dos recursos presentados por David Sánchez Pérez-Castejón,  hermano del presidente Pedro Sánchez, en contra de la solicitud de la magistrada que requería documentos sobre la conexión con el exasesor de Moncloa Luis María Carrero Pérez, además de un informe de la UCO acerca de su puesto laboral en la Diputación de Badajoz y el proceso de su creación.

En el contexto de la indagación que se lleva a cabo por su vinculación con esa entidad, la Audiencia ha apoyado en este momento la resolución de la magistrada que está a cargo del caso para examinar la contratación de Luis María Carrero en la Diputación de Badajoz, quien anteriormente estuvo empleado en el Ministerio de la Presidencia.

El 13 de marzo pasado, la magistrada Beatriz Biedma convocó nuevamente a testificar en su condición de investigado al hermano del presidente Pedro Sánchez por dos nuevos posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en este caso, por lo que deberá presentar su declaración el 25 de abril. La magistrada considera que hay evidencias de actividad delictiva en la creación y asignación de este reciente puesto de trabajo dentro del organigrama de la institución provincial.