El Partido Popular (PP) ha expresado su firme rechazo al decreto antiaranceles aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para mitigar los efectos de las tasas impuestas por Estados Unidos sobre productos europeos. La vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha calificado la medida como un «parche» insuficiente que no soluciona los problemas estructurales del sector exportador español. Según el PP, la respuesta del Gobierno a la guerra comercial con Estados Unidos es una «solución temporal» que solo busca desactivar las críticas políticas y no atender a fondo los intereses de las empresas españolas afectadas por los aranceles.
Críticas del PP: el decreto sobre los aranceles es una respuesta incompleta
El decreto antiaranceles aprobado por el Ejecutivo establece un sistema de avales y créditos para las empresas que se ven afectadas por los aranceles de Estados Unidos, que impactan a sectores clave de la economía española, como la agricultura, la ganadería, y la industria del vino y el aceite. Ester Muñoz considera que este paquete de medidas no es suficiente para enfrentar los efectos a largo plazo de los aranceles. Según la dirigente popular, lo que el país necesita es un plan «serio y competitivo», con una mayor inversión y una reestructuración de la política económica que ayude a las empresas a mantenerse competitivas en el mercado global.
«Este decreto es un parche, una medida que no aborda el problema en su raíz. Necesitamos un plan estructural que defienda nuestros intereses de manera firme, no un conjunto de soluciones temporales que no van a tener un impacto real en los sectores más afectados», afirmó Muñoz.
El decreto antiaranceles y la cesión a Junts
La controversia sobre el decreto ha tomado un giro político importante, ya que uno de los puntos más criticados por el PP es la cesión a Junts. Se ha acordado que el 25% de las ayudas destinadas al sector afectado se canalicen hacia Cataluña, lo que el PP considera una clara «cesión» a los intereses de los independentistas catalanes. La medida, que beneficia de manera significativa a una comunidad autónoma específica, ha levantado ampollas entre los partidos de la oposición, que acusan al Ejecutivo de negociar a espaldas de los intereses generales de España para satisfacer a sus socios parlamentarios.
Desde el PP, se ha insistido en que el Gobierno de Sánchez está utilizando estos fondos públicos para agradar a Junts, un partido clave en su apoyo parlamentario, en lugar de garantizar una distribución equitativa de los recursos. Para Muñoz, la territorialización de las ayudas no responde a una necesidad económica real, sino a una estrategia política para asegurar el respaldo de los partidos independentistas, lo que a su juicio solo profundiza la polarización en España.
La postura del PSOE: acusaciones de obstrucción política
El PSOE ha reaccionado a las críticas del PP de manera contundente, defendiendo la necesidad de aprobar el decreto antiaranceles con urgencia para salvaguardar los intereses de los sectores más golpeados por los aranceles. Esther Peña, portavoz del PSOE, ha acusado al PP de tratar de bloquear la solución presentada por el Gobierno, señalando que su actitud obstruccionista solo perjudica a los sectores económicos y a las comunidades autónomas afectadas. En declaraciones recientes, Peña instó al PP a «dejar de poner obstáculos» y a sumarse a la resolución de la crisis, en lugar de colaborar con Vox, un partido que, según el PSOE, está socavando los esfuerzos del Gobierno.
El PSOE también ha dejado claro que el partido de Pedro Sánchez está dispuesto a llegar a acuerdos con todos los sectores económicos y territoriales, pero que no tolerará que el PP utilice esta situación para hacer política partidista y atacar al Ejecutivo por sus acuerdos con Junts.
El Gobierno defiende el decreto antiaranceles
El Gobierno sigue buscando el apoyo del PP y ha defendido el decreto antiaranceles como una respuesta urgente a la guerra comercial iniciada por la administración de Donald Trump, que impuso aranceles sobre productos como el vino, el aceite de oliva y los productos lácteos, afectando gravemente a las exportaciones españolas hacia Estados Unidos. Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, ha asegurado que las ayudas no solo beneficiarán a Cataluña, sino que se distribuirán de manera equitativa en función del impacto que los aranceles han tenido sobre los sectores productivos de cada comunidad autónoma.
A pesar de las críticas del PP, el Gobierno sigue apostando por el diálogo y la negociación en el Congreso para conseguir la convalidación del decreto, un proceso que se llevará a cabo en el plazo de un mes. Sin embargo, la contienda política sobre la territorialización de las ayudas y la cesión a Junts podría dificultar la aprobación final del paquete de medidas.
¿Qué se espera en el Congreso ante el posible no del PP?
En los próximos días, el decreto será debatido en el Congreso de los Diputados, donde se decidirá su convalidación. El PP ha advertido que, si el Gobierno no cambia su postura y sigue cediendo a los intereses de Junts, será «muy difícil» que el partido apoye la medida. Por su parte, el PSOE ha instado al PP a no actuar con fines partidistas y a colaborar en la solución de una crisis económica que afecta a toda España.
El futuro del decreto antiaranceles dependerá del debate parlamentario, y de la capacidad del Gobierno para conseguir los votos necesarios en un escenario político marcado por la tensión entre el PSOE y el PP, y la influencia de los socios parlamentarios como Junts.
