La operación se habría cerrado con un perjuicio para Vivanta de 6,2 millones de euros, una cuestión que ahora los tribunales tendrán que dirimir
De acuerdo a Economía Digital Galicia, la cúpula de Portobello Capital enfila la puerta de los juzgados por presuntas irregularidades en la compra del Grupo Vera Dental.
El juzgado mercantil número 2 de Madrid acogerá los días 20 y 21 de octubre el juicio por la demanda que un socio minoritario de Vivanta presentó contra los creadores del fondo de inversión por el presunto perjuicio creado con la compra de Grupo Vera Dental.
Según el denunciante, la operación se saldó con un sobreprecio estimado en 6,2 millones, motivo por el cual ha iniciado una guerra en los tribunales contra Íñigo Sánchez-Asiaín, Ramón Cerdeiras y Juan Luis Ramírez, socios fundadores de Portobello; así como Carlos Dolz, socio de la gestora; y Juan Olave, otrora consejero delegado de Vivanta.
Según sostiene el demandante, el Grupo Vera estaba compuesta por tres sociedades, una de las cuales no tenía actividad en 2016, no tuvo ingresos en 2017 y se encontraba inmersa en causa de disolución por patrimonio neto negativo.
Portobello adquirió Vera por 14 millones de euros, aunque, según el denunciante informes periciales rebajaban su valor hasta siete millones de euros, indica la demanda, que menciona también una ‘due diligence’ de PwC en la que se ponían de manifiesto inconsistencias contables y no reconocía como fiables las cifras de beneficios.
Además, el denunciante apuntaba que la información financiera del Grupo Vera era deficiente, y que sus cuentas no reflejaban el volumen de tratamientos con los pacientes cobrados y sin realizar. El balance de sumas y saldos a 30 de junio de 2018 ofrecía una imagen patrimonial de Vera peor de la que ofrecían los estados financieros a 31 de diciembre de 2017, añade la demanda.
De ahí que aunque la compra de Grupo Vera por parte de Vivanta se cerró en noviembre de 2018, el demandante sostenga que el precio se fijó con datos de diciembre de 2017, que no reflejaban el estado real de la sociedad, lo que le lleva a concluir que la operación se cerró con un perjuicio para Vivanta de 6,2 millones de euros, una cuestión que ahora los tribunales tendrán que dirimir.
