Una nueva filtración de datos personales en redes sociales que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los ministros, a presidentes autonómicas y a políticos está siendo investigada por la Audiencia Nacional (AN) como delito de terrorismo y/o contra altas autoridades del Estado. Principalmente, se está divulgando información sensible como sus teléfonos móviles, DNI, domicilios o direcciones de correo electrónico.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, el juez Francisco de Jorge, abrió una causa secreta para indagar en la filtración y preliminarmente por ese presunto delito. A esta investigación se ha sumado la Policía Nacional que analiza la divulgación de un documento de 500 páginas con información personal de diversos políticos, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de Extremadura, María Guardiola, o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
En el caso de Sánchez, se ha filtrado su DNI, fecha de nacimiento y dirección de su domicilio particular, pero no su teléfono móvil, así como datos de nueve ministros, entre ellos María Jesús Montero, Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska, así como de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el del Senado, Pedro Rollán.
La Comisaria General también indaga sobre la difusión en las últimas horas por la ‘dark web’ y replicado en canales de Telegram de información relativa a cientos de afiliados de Podemos. Este hecho coincide con la investigación abierta el pasado 19 de junio sobre una primera filtración en un canal de la misma red social, la cual apunta a la presunta responsabilidad de un hacker que podría estar involucrado en este nuevo episodio.
En aquella primera filtración, se trató de un listado publicado en un canal de Telegram que lleva por título «Alvise Pérez Chat», desde el que se suele enviar mensajes de apoyo al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta. Posteriormente, la información fue eliminada de dicho grupo.
