El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que está de baja por paternidad, ha entrado en una nueva polémica al minimizar la gravedad del problema de la situación de los indigentes en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y culpabilizar exclusivamente al Ayuntamiento de Madrid de lo que está sucediendo.
En una publicación en la red social X (antes Twitter), Óscar Puente negó que entre las personas que duermen en Barajas haya solicitantes de asilo, contradiciendo las alertas del Ayuntamiento de Madrid, que afirma haber acogido a varios ciudadanos que manifestaron esa intención.
“Lo voy a volver a repetir, para que quede claro. No hay solicitantes de asilo entre las personas que duermen en Barajas. Son pobres desatendidos por Madrid. Punto”, sentenció el ministro.
Puente también atacó a medios de comunicación próximos a la Comunidad de Madrid, refiriéndose a ellos como «TeleAyuso desatada«, y acusó al Gobierno regional de lavarse las manos mientras los indigentes se refugian en el aeropuerto.
Sin embargo, su crítica no ha venido acompañada de propuestas ni de medidas concretas por parte del Ministerio que dirige, lo que ha sido ampliamente criticado por organizaciones sociales y usuarios en redes.
El ayuntamiento de Madrid acudirá a los tribunales si el ministerio de Puente no actúa en el aeropuerto
La respuesta de Puente llega tras el requerimiento enviado por el Ayuntamiento de Madrid a los ministerios del Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En él, se otorga un plazo de 30 días al Gobierno para ofrecer acceso inmediato al sistema de acogida internacional a los solicitantes de asilo que actualmente residen en recursos municipales.
El consistorio advierte que, de no cumplirse este plazo, acudirá a los tribunales. El texto no alude exclusivamente a las personas que duermen en Barajas, sino a un grupo más amplio de solicitantes que, según el Ayuntamiento, ha quedado fuera del sistema de acogida estatal.
Aena restringe el acceso, pero no plantea soluciones
Por su parte, la empresa pública Aena, responsable de la gestión del aeropuerto, ha anunciado que limitará el acceso a las terminales durante franjas de baja actividad aérea, permitiendo solo la entrada de pasajeros, acompañantes y empleados. Esta medida, lejos de resolver el problema, ha sido vista como una política de ocultamiento: más dirigida a proteger la imagen del aeropuerto que a atender la crisis social.
Colectivos sociales como Bokatas y asociaciones de atención a personas sin hogar han denunciado que Aena está aplicando medidas hostiles, como la retirada de bancos, la desconexión de enchufes o el cambio de temperatura ambiental, para disuadir a los sintecho de permanecer en el recinto.
“Aena actúa como una empresa privada, olvidando que gestiona un servicio público. No se puede combatir la pobreza con barreras de seguridad”, denuncian desde entidades del tercer sector.
Mientras tanto, los sindicatos han alzado la voz. CCOO ha advertido sobre los riesgos de insalubridad e inseguridad para trabajadores y pasajeros ya que algunos de ellos han denunciado que han sufrido agresiones o intentes de agresiones sexuales. A su vez los indigentes están provocando situaciones delictivas con el consumo de drogas e incluso prostitución.
El ministro tuitea mientras el problema en Barajas continúa
La crisis en Barajas no es un hecho aislado, se inserta en una realidad nacional marcada por la falta de control de llegada de inmigrantes, el problema de la vivienda, la precariedad laboral y los fallos en el sistema de atención social. Lo que ocurre en el mayor aeropuerto del país es solo la punta del iceberg de un fenómeno que también se observa en estaciones de tren, hospitales y otros espacios públicos.
Sin embargo, lo que diferencia este caso es la visibilidad mediática y política que ha alcanzado, al convertirse en un nuevo campo de batalla entre el Gobierno central y el autonómico. Una disputa que, lejos de centrarse en soluciones, se ha convertido en un juego de culpas que ignora a quienes más lo necesitan.
Mientras Puente tuitea y Aena cierra puertas, decenas de personas siguen durmiendo en bancos, junto a maletas abandonadas o cartones improvisados. Muchos presentan problemas de salud mental, adicciones o están en situación administrativa irregular, pero ninguna administración parece querer hacerse cargo de ellos.
El Estado debería actuar ya que la situación de los indigentes en el aeropuerto de Madrid-Barajas es responsabilidad de Aena, que depende del ministerio dirigido por Óscar Puente.
