La figura del hermano del presidente del Gobierno vuelve al centro del debate político y judicial en España. La acusación popular ha solicitado tres años de prisión para David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, por una serie de presuntos delitos relacionados con su contratación como coordinador de actividades de los conservatorios musicales de la Diputación de Badajoz.
Según el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, se le imputan los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La acusación popular, ejercida por VOX, Manos Limpias y el Partido Popular, considera que David Sánchez accedió a su cargo público mediante un proceso irregular orquestado para su beneficio personal y político.
Contratación bajo sospecha del hermano de Pedro Sánchez
La base de la acusación radica en la creación de un puesto de trabajo en 2017 supuestamente «adaptado a las características personales y profesionales de David Sánchez», en un contexto donde ya era hermano del entonces secretario general del PSOE y presidente en funciones de Gobierno. Los denunciantes alegan que se diseñó la oferta pública y el proceso de selección de forma que sólo Sánchez pudiera encajar, excluyendo de facto a cualquier otro aspirante.
Además, el escrito judicial expone que la plaza fue propuesta y aprobada en la Oficina de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz sin que hubiera una necesidad funcional acreditada. La figura de Miguel Ángel Gallardo, actual presidente de dicha diputación y secretario general del PSOE en Extremadura, también queda gravemente comprometida.
Para él, la acusación solicita la misma pena de tres años de prisión, además de inhabilitación por seis años y la devolución de salarios percibidos.
Red de favores
En el mismo proceso también aparece Luis Carrero, un excolaborador de La Moncloa y amigo personal de David Sánchez, que habría sido beneficiado también con un puesto eventual en la Diputación de Badajoz. La acusación solicita para él un año y medio de prisión, así como la devolución del dinero percibido por dicho cargo. Los investigadores creen que esta contratación también responde a un esquema de favoritismo dentro del círculo de confianza del presidente del Gobierno.
La acusación considera que la participación de David Sánchez y Luis Carrero en estos nombramientos representa una red clientelar basada en el poder institucional y en vínculos personales y políticos, en perjuicio del interés público.
La jueza Beatriz Biedma, encargada de la instrucción, dictó auto de procesamiento el pasado 28 de abril abriendo la puerta a la apertura de juicio oral. En dicho auto se incluyen diez personas procesadas, entre ellas los mencionados David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y Luis Carrero. La magistrada considera que existen indicios sólidos de la comisión de delitos de corrupción en la función pública, además del uso indebido de recursos del Estado para fines personales.
Desde el entorno de David Sánchez, se niegan rotundamente las acusaciones. Su defensa sostiene que el proceso de selección se desarrolló de acuerdo con la legalidad vigente y que su trabajo como coordinador de conservatorios fue real, efectivo y necesario. También se ha asegurado que no hubo intervención de su hermano, Pedro Sánchez, en ningún punto del proceso.
Por otro lado, desde la acusación popular se ha subrayado la «gravedad institucional» de los hechos, subrayando que el caso no se limita a una irregularidad administrativa sino que revela un patrón de abuso de poder con fines de consolidación política. En este sentido, remarcan que la contratación de David Sánchez no se puede analizar aisladamente, sino en el marco de una estrategia más amplia de control y distribución de recursos públicos por parte del círculo de confianza del actual Gobierno.
Solicitudes de penas y medidas accesorias
El escrito de acusación incluye, además de las penas de cárcel, una solicitud clara: que David Sánchez devuelva íntegramente los salarios percibidos durante su ejercicio como cargo eventual. También se reclama para todos los procesados la inhabilitación especial para empleo o cargo público, en lo que se plantea como un castigo ejemplarizante.
La acusación insiste en que no se trata de un caso menor, sino de un ejemplo paradigmático de corrupción de baja intensidad pero de gran impacto estructural, dado que involucra directamente a altos cargos institucionales y personas del entorno familiar del presidente del Gobierno. La presunta utilización de fondos públicos y la manipulación de estructuras administrativas para beneficiar a personas concretas constituye, según los demandantes, una quiebra del principio de igualdad y mérito en el acceso al empleo público.
