El acceso a una vivienda digna es, hoy en día, una de las principales preocupaciones de los jóvenes, aunque también de los no tan jóvenes. Son muchas las voces que piden a las administraciones un esfuerzo mayor y una apuesta decidida por las viviendas protegidas a precios más asequibles.
La Comunidad de Madrid y sus responsables, a tenor de las cifras, presumen de ser la región que más vivienda protegida comenzó a construir durante los dos pasados ejercicios; una tendencia que se repetirá también este año superando las 20.000 viviendas.
El pasado mes de noviembre, por ejemplo, registró la autorización por parte de la Comunidad de la construcción de 1.600 viviendas protegidas de diferentes tipologías en nueve municipios de la región. Con apuestas de esta naturaleza, Madrid es la primera Comunidad donde una de cada tres nuevas viviendas tienen algún tipo de protección.
El Plan de Vivienda 2005-2008 prevé la construcción y rehabilitación de 153.000 viviendas, incluyendo nuevas tipologías de pisos protegidos. De esta manera, además de la tradicional Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB), destinada a la venta y la Vivienda con Protección Pública en Alquiler (VPPA), la Comunidad ha incluido las Viviendas Protegidas en régimen de Alquiler con Opción a Compra (VPPOC) del Plan Joven, que facilitan el acceso a los jóvenes a la primera vivienda por su novedoso sistema para el pago del piso, y la Vivienda Protegida de Precio Limitado (VPPL), destinada a familias con rentas medias.
Las 1.601 viviendas iniciadas a lo largo del pasado mes de noviembre corresponden a todas las tipologías. Por municipios, comenzaron a construirse en Alcobendas (570), Aranjuez (28), Arganda del Rey (408), Arroyomolinos (87), Cabanillas de la Sierra (4), Leganés (62), Navalcarnero (116), Madrid (311) y Parla (15).
Todas estas cifras, sin embargo, no convencen a los diputados regionales socialistas, quienes reprochan al Gobierno de Aguirre innumerables incumplimientos, especialmente, en el Plan de Vivienda Joven. Por todo ello, exigen a Aguirre que “deje de manipular los datos, dé una información veraz y emprenda una política de alquiler y de compra que tenga como objetivo facilitar a los jóvenes a una vivienda en condiciones razonables”.
