Nuevo ataque del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente a la justicia, ya que ha vuelto a cargar contra el juez Juan Carlos Peinado, acusándole de actuar con una “impunidad” que deja a la justicia española “a la altura del betún”.
Las declaraciones realizadas en la red social X se producen tras la difusión de un audio del interrogatorio al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en el marco de la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La agresividad del tono empleado por el ministro contra el magistrado no es casual. En un momento en el que la credibilidad de las instituciones está en juego, sus palabras no solo apuntan al juez instructor, sino que buscan deslegitimar toda la actuación judicial en un caso extremadamente sensible para el Ejecutivo.
La estrategia es clara: acusar al poder judicial de actuar con sesgo político para transformar una investigación judicial en un supuesto ataque a la democracia. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha defendido que en España existe lawfare.
El ataque de Puente tras el audio filtrado de Bolaños
El centro de la polémica del nuevo ataque de Puente al magistrado Peinado, gira en torno al contenido de un audio difundido recientemente, en el que el juez Peinado reprocha a Bolaños haber respondido de manera «evasiva», llegando incluso a amenazar con un careo si no se obtenía mayor claridad en las respuestas.
Bolaños replicó: «Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso», cuando se le preguntaba sobre el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en calidad de personal eventual de Moncloa.
Este gesto ha sido interpretado por Puente como una “pérdida total de neutralidad y una humillación a un ministro del Gobierno”.
Lejos de limitarse a la crítica política, el ministro fue más allá y cuestionó la “pasividad” de la Audiencia Provincial de Madrid, acusando al órgano judicial de mirar hacia otro lado mientras, en su opinión, se vulneran los derechos fundamentales de testigos y acusados. Esta afirmación supone un ataque directo a la arquitectura institucional del Estado de Derecho, y busca claramente erosionar la autoridad de los jueces implicados en el caso.
Puente y su cruzada personal contra el juez Peinado
Las declaraciones del ministro no son nuevas. Desde hace meses, Óscar Puente ha convertido al juez Juan Carlos Peinado en blanco prioritario de sus ataques. En junio de 2024, ya había denunciado que el magistrado había vulnerado los artículos 245.1 y 248.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al citar a Begoña Gómez en plena campaña electoral.
Entonces, Puente calificó la instrucción del juez Peinado como “burda, miserable y una nulidad de libro”, dejando claro que su intención no era otra que desacreditar el proceso desde su origen. La coincidencia de la citación judicial con la campaña electoral fue utilizada como prueba de una supuesta instrumentalización de la justicia, aunque el argumento sigue siendo discutido en los círculos jurídicos por su falta de sustento técnico.
Desde el Ejecutivo y el PSOE, siempre defienden que estas declaraciones se enmarcan en la defensa de la imparcialidad judicial y los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos. Sin embargo, la reiteración de los ataques y su virulencia creciente invitan a pensar en una estrategia coordinada para desviar el foco de atención del caso Begoña Gómez, cuya evolución ha puesto en apuros a la cúpula del Gobierno.
El propio Félix Bolaños, durante su declaración ante el juez, manifestó preocupación por la imparcialidad del instructor, sumándose así al discurso oficial que pone en duda la integridad del proceso judicial.
Esta posición ha sido respaldada por múltiples figuras del PSOE, reforzando la sensación de que el partido está optando por una estrategia de confrontación abierta con el poder judicial.
Una presión continua contra los jueces
Lo realmente preocupante no son las críticas en sí, sino el contexto en el que se producen. Estamos ante un Gobierno que, en lugar de respetar el principio de separación de poderes, opta por erosionar la legitimidad del Poder Judicial cuando las decisiones no le son favorables.
El caso Begoña Gómez, acusada de cinco delitos, se ha convertido en un campo de batalla donde los equilibrios institucionales están siendo puestos a prueba.
Las declaraciones de Óscar Puente son, en este sentido, un paso más en una campaña de acoso a los jueces. Utilizar la tribuna pública, los medios y las redes sociales para desacreditar a un magistrado en ejercicio es una línea roja que, si se cruza, compromete no solo la independencia judicial, sino también la salud democrática del país.
Las palabras de Óscar Puente contra sl juez Peinado, lejos de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, alimentan una peligrosa dinámica de polarización institucional.
Si realmente se cree en la independencia judicial, los procesos deben seguir su curso sin interferencias, sin presiones y sin campañas de desprestigio. De lo contrario, se corre el riesgo de sentar un precedente nefasto: que el Gobierno pueda torcer el brazo de la justicia a base de titulares.
