El ministro del Interior, Grande-Marlaska ha salido al paso de las ultimas informaciones para desmentir a los independentistas de Junts en relación a la cesión de competencias en temas migratorios a Cataluña. Desde que se hizo pública la reciente cesión, el equipo de Carles Puigdemont había reiterado que se trata de una transferencia total para fomentar su objetivo que no es otra que la independencia. ectores.
En los últimos días, el Ejecutivo ha estado intentando refutar los argumentos de Junts, y el último en llevar a cabo esta tarea, tras varios días sin pronunciarse, ha sido el titular de este departamento, quien ha bajado las expectativas al afirmar que: «No se cederá el control de las fronteras ni de los movimientos migratorios irregulares», ha afirmado de manera contundente el ministro del Interior, después de asistir a la celebración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en el Museo Arqueológico Nacional.
Progreso en el autogobierno
El titular de la cartera ha señalado que su intención es expresar que las funciones desempeñadas por la Guardia Civil y la Policía continuarán en las fronteras una vez que se autorice la ley, dado que los Mossos d’Esquadra tomarán responsabilidades adicionales en el marco de un pacto que representa un progreso en el «autogobierno» de Cataluña, según informa Ep.
«Quién decidirá quién ingresa y quién abandona el territorio nacional será la Policía Nacional, y, dado su carácter tan explícito, también se encargará de colocar el sello en los pasaportes», agregó Marlaska cuando se le consultó si había modificado su postura tras rechazar en septiembre que el control de fronteras y sobre los flujos migratorios pudiera ser transferido o delegado.
En este contexto, Marlaska ha restringido la función de los Mossos en aspectos como las repatriaciones, subrayando que el Estado se encarga de los casos de irregularidad. «Una persona que se encuentra en situación irregular, o sea, que ha ingresado de manera ilegal a España, y la sanción asociada a esa irregularidad es la expulsión, será responsabilidad de la Administración General del Estado«, declaró.
«En el ámbito de las competencias que se especifiquen en dicha proposición, los Mossos intervendrán en las fronteras«, comentó, refiriéndose a las devoluciones pero restringiendo esto a los casos de «quienes cuentan con la prohibición explícita de ingresar a España».
Y ha hecho hincapié en reducir las aspiraciones y la promoción de los secesionistas: «En otro orden de cosas, están las devoluciones que no requieren expediente y las repatriaciones de personas a las que se les ha prohibido de manera explícita la entrada en el país», continuó, ilustrando con un ejemplo: «Aquellos a quienes se les ha reemplazado la pena de prisión por la expulsión, que generalmente conlleva también una restricción de entrada al territorio nacional por un tiempo determinado».
La condición del idioma catalán
Cuando se le inquirió acerca de otros temas controvertidos, como la supervisión de los CIE por los Mossos o la exigencia de que los extranjeros adquieran conocimientos de catalán, tal como sostiene Junts, el ministro se ha referido a la «protección de los derechos humanos y las libertades esenciales» que se menciona en la propuesta de ley futura, «y, especialmente, en el caso de los migrantes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad».
«En lo que concierne al empleo del catalán, pienso que las normativas vigentes especifican de manera precisa cuáles son los usos de las lenguas oficiales, tal como sucede aquí con la aplicación del conocimiento del catalán», ha referido.
De acuerdo con Marlaska, «es un factor que influye en aspectos como el arraigo y es susceptible de ser evaluable; en ningún caso, y también va a ser crucial para que una persona obtenga la residencia o para que sea deportada, eso es algo evidente».
