El futuro de la Operación Chamartín sigue en el aire pese a que el Ministerio de Fomento, el pasado mes de julio, anunciase el desbloqueo del proyecto y el acuerdo con Duch, la sociedad encargada del desarrollo inmobiliario de la zona que afectará a 3 millones de m2 en los distritos de Fuencarral y Chamartín.
Posiciones encontradas
La reunión del Consejo Rector del Consorcio Urbanístico “Prolongación de la Castellana”, celebrada unos meses después, el pasado 11 de septiembre, puso de manifiesto la distancia abismal que por el momento existe entre las tres Administraciones implicadas en la operación. Por un lado, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid unen fuerzas y exigen a Fomento que pague las infraestructuras que serán necesarias en la zona con las plusvalías que, según las previsiones, logrará Duch. El problema surge cuando Fomento ha cedido esas plusvalías a esta sociedad a cambio de 1.200 millones de euros, que invertirá tal y como adelantó Magdalena Álvarez en varios equipamientos: el túnel de conexión de Atocha a Chamartín, la ampliación y modernización de la estación de Chamartín, la adaptación de las instalaciones ferroviarias de Chamartín, el desarrollo de la corona noroeste del área metropolitana de Madrid en Cercanías, el nuevo acceso ferroviario a la T4 y a las instalaciones de mantenimiento de material en Fuencarral.
Pilar Martínez por el Ayuntamiento, y Elvira Rodríguez por la Comunidad miran hacia la Operación Campamento como el mejor modelo a seguir. Allí, el Ministerio de Defensa dedica parte de las plusvalías a asumir los costes de las infraestructuras municipales necesarias para que la ciudad pueda absorber el nuevo desarrollo urbanístico. Parecido desarrollo que se producirá en Chamartín y que para los responsables municipales madrileños debe llevar aparejado la creación de una nueva línea de metro, el cierre de la M-50 en su conexión con la R-1 y la inversión para las obras del nuevo nudo norte de la M-30. En total, unos 1.700 millones de euros que compensarían el esfuerzo acometido por el Gobierno regional en la construcción del intercambiador de Chamartín y la conexión de la línea 1 de metro con la 4.
Esta inversión quedaría todavía muy por debajo de las previsiones, que, desde el Consistorio madrileño, adjudican a las plusvalías del desarrollo urbanístico que nos ocupa. Según estimaciones de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, el Ministerio de Fomento como propietario del suelo, y Duch, su socio privado, obtendrán unos beneficos cercanos a los 8.500 millones de euros (un billón cuatrocientos mil millones de pesetas); lo que supone 1,7 veces el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en 2006 y más del doble invertido en las polémicas obras de la M-30. Por todo ello, los gobiernos regional y municipal consideran insufiente la oferta del Ministerio consistente en invertir el 9% de los beneficios en las infraestructuras de la operación. Unas infraestructuras que, como recordó Elvira Rodríguez, ya aparecían reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado.
Sí se muestran conformes, por el contrario, con el anuncio de la construcción de 2.000 viviendas protegidas destinadas al mercado de alquiler bajo la gestión del Ministerio de Vivienda.
La reunión del Consorcio, por el momento, ha dado como fruto la constitución de un nuevo grupo de trabajo para la negociación de las cargas de infraestructuras de la operación. Esta comisión, formada por políticos y técnicos designados por las tres administraciones y dos representantes de Duch, tendrá como misión valorar las plusvalías generadas en el ámbito de debate, definir las infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento de la zona con cargo a las plusvalías generadas, y elevar la propuesta al Consejo Rector.
A pesar del acuerdo, la comisión no comenzará su trabajo hasta que el Ministerio de Fomento facilite el informe con el contenido de los acuerdos exactos alcanzados con Duch y que fue adelantado por la ministra en el mes de julio, a través de una nota de prensa.
Representantes de Fomento, como el secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, Víctor Morlán, han lamentado los obstáculos que desde Madrid están poniendo al proyecto y destacó la pérdida de “lealtad institucional” del Ayuntamiento y de la Comunidad.
Otros afectados
Los últimos movimientos alrededor de la Operación Chamartín, y la esperanza de un acuerdo cercano entre las distintas administraciones ha despertado el interés de las principales promotoras y constructoras del país. Empresas como Sacyr Vallehermoso, ACS o Metrovacesa han tanteado ya al BBVA (primer accionista de la gestora Duch) y a algunos de los primeros propietarios del suelo afectado, los revisionistas. Y es precisamente esta segunda vía, la de comprar a los revisionistas sus derechos, una de las pocas posibilidades para entrar en la operación porque el BBVA se ha negado a firmar acuerdos antes de la resolución definitiva.
Los primeros propietarios, agrupados en la Asociación de revisionistas de la Operación Chamartín, han denunciado que para que continúe el proyecto es necesario acordar la desafección de los terrenos para que dejen su actual uso ferroviario, convertirlo en urbanizable y reconocer los derechos de reversión. Esta petición viene avalada por sentencias recientes del Tribunal Supremo que han reconocido a viejos propietarios, tras ser expropiados y variar el uso de los terrenos, la posibilidad de recomprar el terreno o de pactar un nuevo precio.
Por ello, los revisionistas de Chamartín están estudiando plantear un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional sobre los 800.000 millones de m2 de la zona; lo que supone que su reclamación estaría valorada en unos 500 millones de euros, en base a 600 euros el metro cuadrado. Este recurso po-dría paralizar la operación alrededor de 5 años más.
Para evitar un nuevo retraso, estos expropietarios están dispuestos a ofrecer 1.500 millones a Fomento, superando lo que éste recibiría de Duch, si se les devuelven los terrenos. Además, se comprometen a construir 3.000 viviendas sociales, mil más de las anunciadas por la gestora. La idea es que con las plusvalías generadas se benefice a las tres administraciones. Por ello entregarán al Ayuntamiento además del porcentaje de cesión del suelo establecido por la ley, 300 millones para infraestructuras vinculadas con los Juegos Olímpicos de 2016. La Comunidad también recibirá otros 300 millones para infraestructuras vinculadas con el deporte.
