Este sábado, alrededor de 3.000 personas, entre jueces, fiscales y ciudadanos, se congregaron frente al Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra la ley Bolaños impulsadas por el Gobierno de coalición PSOE-Sumar.
La concentración fue convocada por cinco asociaciones conservadoras de jueces y fiscales: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Motivos de la protesta
Los manifestantes expresaron su rechazo a las reformas propuestas por el Gobierno, que incluyen cambios en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como la adaptación de la Fiscalía para que asuma las investigaciones penales, conocida como ley Bolaños.
Según los convocantes, estas medidas amenazan la independencia del Poder Judicial y podrían derivar en una selección ideológica de jueces y fiscales.
Durante la concentración, se escucharon consignas como «independencia judicial» y críticas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Los organizadores leyeron un manifiesto en el que afirmaron que la protesta no era contra el poder ejecutivo ni legislativo, sino en defensa del poder judicial y del Estado de derecho.
Anuncio de huelga
Las asociaciones convocantes anunciaron una huelga de tres días, prevista para los días 1, 2 y 3 de julio, si el Gobierno no retira las reformas en materia de justicia. Esta medida busca presionar al Ejecutivo para que reconsidere los cambios propuestos y garantice la independencia judicial.
Reacciones políticas
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió las reformas, asegurando que «ni una sola línea» de las mismas afecta a la independencia de jueces y fiscales.
Además, lamentó los insultos proferidos durante la concentración y comparó la situación con la controversia suscitada durante la aprobación del matrimonio igualitario hace veinte años, opinando que con el tiempo se demostrará que las críticas actuales también son injustificadas.
Por su parte, la vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, expresó su apoyo a la huelga de jueces y fiscales, acusando al Gobierno de querer «controlar el poder judicial» y criticando la gestión del Ejecutivo en esta materia.
Posición del Consejo General del Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha determinado que la huelga convocada carece de base legal, por lo que no puede considerarse formalmente anunciada ni se pueden fijar servicios mínimos.
No obstante, el CGPJ expresó su desacuerdo con la reforma del acceso a la carrera judicial y reconoció el esfuerzo y profesionalismo de los jueces, apelando a la responsabilidad institucional de los tres poderes del Estado.
La situación actual refleja una creciente tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial, con un debate centrado en la necesidad de reformas y la preservación de la independencia judicial, que con la ley Bolaños está seriamente amenazada.
