El sindicato Manos Limpias ha presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo un escrito de acusación formal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que imputa un delito de revelación de secretos, en su modalidad agravada, y de forma subsidiaria, un delito de infidelidad en la custodia de documentos y solicita cuatro años de prisión.
La denuncia, a la que ha tenido acceso El Distrito se centra en la filtración a medios de comunicación de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que se proponía una conformidad penal por dos delitos fiscales.
Según el escrito, dicho correo fue utilizado sin autorización del afectado y difundido por instrucción del propio García Ortiz a través de canales no oficiales y con fines políticos.
De acuerdo con la acusación, el Fiscal General habría ordenado reenviar dicho correo confidencial a través de su cuenta particular a la Cadena SER, que lo publicó el 13 de marzo de 2024. El documento revelaba el reconocimiento de los delitos fiscales por parte del letrado defensor de González Amador.
El escrito sostiene que esta filtración fue instrumentalizada por el Gobierno, dado que el correo habría llegado también al Gabinete de Presidencia, siendo usado políticamente por el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso.
Manos limpias pide cárcel y suspensión de empleo
El sindicato solicita que Álvaro García Ortiz sea condenado por los siguientes el delito de revelación de secretos. Ante la gravedad de los hechos pide que se le condene a cuatro años de prisión y la suspensión de empleo como fiscal durante 3 años, Asimismo exige una multa de 18 meses a razón de 400 euros/día (216.000 €).
Subsidiariamente, por revelación de secretos pide tres años de prisión e inhabilitación especial por 5 años.
De forma también subsidiaria, por infidelidad en la custodia de documentos pide que sea condenado a una multa de 12 meses (144.000 euros) e inhabilitación especial por 3 años.
Causa ante el Tribunal Supremo y posible jurado
La causa se instruye en el Supremo por tratarse de un aforado, y el escrito deja abierta la posibilidad de que el enjuiciamiento corresponda a un Tribunal del Jurado, al ser la prevaricación uno de los delitos que podrían añadirse en otras acusaciones populares.
La acusación sostiene que la filtración del correo violó la reserva propia de las comunicaciones abogado-fiscal en un proceso penal. A su vez alega que el contenido difundido incluía datos personales sensibles que solo podían usarse en el contexto de una negociación penal confidencial.
Por último subraya que la difusión generó daño reputacional y vulneración del derecho de defensa del afectado, lo que justificaría la gravedad penal de la conducta.
Manos Limpias ha propuesto una amplia prueba testifical, incluyendo fiscales implicados, periodistas, miembros del Gabinete de Presidencia del Gobierno y agentes de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) que elaboraron informes clave,
Entre otros nombres solicita la declaración de la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y del senador y exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato, añaden.
