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Madrid critica que no se haya reformado la ley que sustituiría el estado de alarma

Madrid critica al Gobierno por no querer reformar la ley que sustituiría al estado de alarma
Tamara Rozas - Europa Press.

López asegura que los propios servicios jurídicos del Gobierno madrileño desaconsejaron aplicar el toque de queda.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ve «arrogante y soberbio» que el Gobierno central no quiera reformar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Publica que sustituiría al estado de alarma.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha sostenido que se está viviendo un «deja vu» porque esto mismo el PP lo propuso hace 10 meses. «Nosotros hemos presentado ya dos proposiciones de reforma de esta ley, en el mes de agosto y hace exactamente un mes. No queremos ningún tipo de protagonismo. Queremos que haya un marco legal que habilite la adopción de esas medidas como ocurre en otros países», ha trasladado.

López ha explicado que en la Comunidad de Madrid decidieron no aplicar el toque de queda el viernes pasado porque sus «propios servicios jurídicos» se lo desaconsejaron. Y, respecto a la petición de la delegada del Gobierno, Mercedes González, el consejero regional ha indicado que es la única persona con este cargo en España que ha criticado a su comunidad autónoma.

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«No entendemos esta crítica política cuando lo que hay que buscar es coordinación. Un botellón cualquier sábado es un problema de orden público de carácter local, que tiene que atender la Policía Local; un botellón en un momento de pandemia es un problema de salud público, en la que tienen que trabajar de forma conjunta Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil», ha explicado.

Para López, si no fuera porque se está en un momento «trágico y dramático» para España y para el mundo, esto sería «un chiste». A su parecer, están provocando que sean las comunidades las que pidan el estado de alarma al Gobierno por no haber querido reformar una ley que puede cambiarse en 15 días.

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