La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo (TS) solicitando la apertura de juicio contra el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunta implicación en un delito de prevaricación, en concurso con otro continuado de revelación de secretos. La acusación reclama una pena de seis años de prisión y doce años de inhabilitación para ejercer cargo público.
Según el documento de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la APIF —que actúa como acusación popular— está representada por los letrados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad Sánchez y Napoleón Cánovas.
En la denuncia, también se dirige la acusación contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien se señala como cooperadora necesaria de los mismos delitos. Para ella se solicita una condena de cuatro años de prisión y doce de inhabilitación.
La base de la acusación se centra en la filtración de un correo electrónico confidencial, supuestamente compartido entre la defensa de Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— y la propia Fiscalía. Ese mensaje habría sido clave en la negociación de un acuerdo de conformidad en el marco de la investigación que González Amador enfrenta por presuntos delitos fiscales.
Asimismo, la APIF ha solicitado que en el juicio testifique el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entre otros nombres relevantes. La presencia de Cerdán en la lista de testigos podría suponer un nuevo foco de tensión política para el Gobierno, dada su estrecha relación con el entorno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
La Guardia Civil ha señalado que García Ortiz ordenó borrar mensajes y cambiar de teléfono tras el inicio de la investigación, lo que según el juez, constituye “evidencia” de destrucción de pruebas. Diversas asociaciones han presentado querellas ante el Supremo contra el fiscal general del Estado,—desde el Colegio de Abogados de Madrid, pasando por Manos Limpias, Foro Libertad y otros— por revelación de secretos, y ha requerido a la Fiscalía un informe previo a su admisión.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse su procesamiento por parte del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos el pasado 9 de junio.
A pesar de las presiones de la oposición para que dimita, el Ejecutivo ha reafirmado su confianza en el fiscal y ha hecho un llamamiento a respetar su presunción de inocencia, un principio básico del Estado de Derecho.
