El actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, exigió explicaciones a Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal de la capital cuando se produjo la adjudicación de este contrato
La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción abrió el miércoles un expediente para esclarecer «quién estuvo involucrado en el contrato que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) adjudicó el 14 de junio de 2019 para la ejecución de las obras de conservación, mantenimiento y adecuación a normativa del Centro de Operaciones de Fuencarral».
Según han trasladado fuentes municipales a Europa Press, este contrato, de 5.058.294,50 euros, sin IVA, fue adjudicado 24 horas antes de que José Luis Martínez-Almeida se hiciera con el bastón de mando y conformara el nuevo Gobierno municipal.
La adjudicación, tal y como consta en documento oficial de la comisión delegada, está firmada por la entonces delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés; el exgerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, y el secretario, José Luis Carrasco.
Así, la Oficina Antifraude ha solicitado información a la EMT para conocer qué empleados intervinieron en el mismo y datos específicos sobre Pablo Pradillo, el trabajador de la EMT que solicitó la suspensión de su contrato por mutuo acuerdo con la empresa pública desde el 1 de enero de 2019, acordando entre ambas partes la reincorporación en un plazo de tres años con la misma categoría, salario y condiciones.
Según la información avanzada este pasado martes por El País, este empleado «recibió más de 150.000 euros de una constructora por ayudarle a lograr» el contrato de Fuencarral.
Ahora, la Oficina Antifraude que capitanea Carlos Granados quiere saber si los intervinientes en el pliego conocían la relación entre la empresa adjudicataria y el asesoramiento en el proyecto de Pradillo o qué figura jurídica utilizó la anterior Corporación para autorizar a dicho empleado la salida temporal de la EMT y, en su caso, posterior reingreso.
El actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, solicitó este pasado martes explicaciones a Sabanés, García Castaño y Fernández Heredia. También exigió explicaciones a Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal de la capital cuando se produjo la adjudicación de este contrato, y actual portavoz de Más Madrid.
«Si se constata que hay indicios de ilícito penal, acudiremos a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue por prevaricación y malversación de caudales públicos a Inés Sabanés, Jorge García Castaño y Álvaro Fernández Heredia», señala el delegado.
