La magistrada que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se ha reafirmado en la necesidad de seguir indagando si el empresario incurrió en corrupción en los negocios y ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil averiguar si se ha intentado ocultar el origen presuntamente ilícito de ciertas operaciones.
La jueza Inmaculada Iglesias ha expuesto en un auto que «atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva», procede a encargar a la UCO la investigación de los hechos y que «lleve a cabo las gestiones necesarias» para indagar en las operaciones que mantienen imputado a Amador por corrupción en los negocios y administración desleal.
La magistrada ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía advirtiese de la «complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva», dentro de la pieza separada en la que investiga a González Amador por presunta corrupción en los negocios en sus operativas con Quirón Prevención SL.
Iglesias recuerda el incremento de ingresos obtenido por la empresa de González Amador, Maxwell Cremona, en 2020 y 2021 por la intermediación en una operación de venta de material sanitario y por la percepción de «cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente»: Quirón Prevención SL.
Ante la jueza, González Amador documentó durante su declaración ante la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda. Por está razón, fue imputado por la presunta comisión de dos delitos fiscales en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil en relación al supuesto fraude fiscal mencionado.
