La Guardia Civil y Hacienda han sido requeridas por la Fiscalía Europea para proporcionar datos sobre los contratos de mascarillas suscritos por la empresa de la trama con Baleares y Canarias al juez del caso Koldo.
El organismo, que está investigando estas adjudicaciones firmadas durante los mandatos de Francina Armengol y Víctor Ángel Torres, está centrando su atención en los informes de la UCO que mencionan posibles irregularidades en los contratos con Soluciones de Gestión.
De acuerdo a un escrito del organismo europeo, al que tuvo acceso Vozpópuli, el ente pide más detalles sobre la trama en el marco de la investigación en curso para determinar si hubo malversación de fondos comunitarios. La indagación se centra en cuatro contratos que Soluciones de Gestión suscribió con Canarias y un quinto con Baleares por un importe superior a 10 millones de euros.
La Fiscalía Europea -que inició un proceso judicial por los delitos de desfalco de fondos públicos, corrupción y manipulación de influencias– solicita, además, la colaboración de la Unidad Central Operativa que registra todas las transcripciones de las escuchas telefónicas de la red delictiva y las solicitudes realizadas por la Guardia Civil para mantener las escuchas entre octubre de 2023 y febrero de este año.
Las dudas de la Unidad Central Operativa
Específicamente, la Fiscalía Europea pide a la Audiencia Nacional que envíe diversos documentos de la Guardia Civil y de Haciendaelaborados entre septiembre de 2022 y febrero de este año, en los cuales se examinan los acuerdos rubricados por la organización involucrada con los Ministerios de Transporte, Interior y Salud, así como con las Islas Baleares y Canarias.
La empresa comercial que obtuvo más de 52 millones de euros con la venta de mascarillas durante la pandemia, suscribió cuatro acuerdos por superior a los 10 millones de euros con el departamento de Salud del gobierno canario que en ese momento estaba a cargo del ministro Ángel Víctor Torres y un quinto por 3,7 millones con el gobierno balear que en ese entonces era liderado por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.
A pesar de que los contratos forman parte del caso Koldo, la Audiencia Nacional se desentendió a favor de la Fiscalía Europea debido a que los mismos serían financiados con fondos comunitarios. Sin embargo, la UCO ya señaló en el contexto de estas investigaciones de potenciales incidencias en relación a las asignaciones de Baleares y Canarias.
La firma del caso Koldo en el contrato de Baleares
En relación a la primera, los agentes explicaron que se realizaron dos pagos a la empresa de la trama Koldo, uno de ellos por valor de 3,7 millones de euros para la entrega de un millón y medio de mascarillas FPP2 y otro por valor de 56.715 euros por la gestión del transporte desde la capital hasta Palma de Mallorca.
Entre los supuestos incumplimientos documentados por la UCO en estos informes destaca el hecho de que las mascarillas arribaron a Baleares el 27 de abril, a pesar de que la solicitud de trámite de emergencia del contrato se presentó dos días posteriores, siendo el 4 de mayo cuando se emitió la resolución del órgano contratante que autorizaba la asignación.
Canarias y sus contratos
En cuanto a los acuerdos con el departamento de Salud del servicio canario, la UCO advirtió de que la cantidad que se pagó a la empresa contratada «no coincide ni con los registros de entrega ni con el presupuesto preliminarpresentado por Soluciones». De manera similar a lo sucedido en Baleares, los agentes se sorprendieron de la falta de documentación que aclare cómo se llegó a contratar con la empresa.
