Fuentes de la CNMC han señalado a La Información que dicho organismo será el que tenga la última palabra acerca de esta operación, la cual encalló ya varias veces y ha llegado a complicarse por diferencias en el precio
Según ha publicado este martes el portal web La Información, la venta de los servicios de Ferrovial al fondo Portobello Capital ha llamado la atención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que ha iniciado un expediente para analizar los posibles efectos de concentración empresarial en el mercado derivados de este proceso.
Culminada a finales del pasado mes de agosto por unos 236 millones de euros, dicha operación ha provocado que el ente regulador iniciara sus actuaciones tras recibir una notificación de una de las partes implicadas el pasado 16 de diciembre.
Debido a que las ventas anuales del área de conservación y mantenimiento de infraestructuras de Ferrovial alcanzaron los 822 millones de euros en 2020, la operación de concentración debe someterse al control de la CNMC por su incidencia en el mercado afectado.
De acuerdo a la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, su intervención es obligatoria cuando el volumen de negocio resultante del acuerdo supere los 240 millones de euros y al menos dos de los partícipes realicen individualmente un volumen de negocios superior a los 60 millones de euros en España, tal como sucede en esta oportunidad.
Asimismo, la CNMC considera el hecho de que Portobello controla el Grupo CTC, compañía catalana especializada en la externalización de servicios y surgida como resultado de la fusión de Grupo Uno con CTC Externalización.
De igual modo, la firma fundada por Íñigo Sánchez-Asiaín es propietaria de Sidecu, el dueño de la firma de gimnasios Supera, donde la filial de Ferrovial también gestiona algunos centros, por lo que Portobello suele explotar sinergias entre sus compañías para ahorrar costes y espolear su crecimiento.
Si bien podría mirarse como un mero formalismo ordinario, fuentes de la CNMC han señalado a La Información que dicho organismo será el que tenga la última palabra acerca de esta operación, la cual encalló ya varias veces y ha llegado a complicarse por diferencias en el precio.
Y es que a pesar de que Ferrovial abrió el proceso de venta de su división en 2018, con una tasación inicial de 3.000 millones para toda su red internacional (que incluía países como Reino Unido o Estados Unidos), no fue hasta hace un año cuando se sentó a negociar en exclusiva con Portobello para desprenderse de la filial española.
En ese ínterin, el cambio de banco de inversión en medio del proceso de desinversión explica esta dilación, pues en un principio el grupo español encomendó a Goldman Sachs que encontrase un comprador único, pero con el tiempo cambió de estrategia y pasó a Bank of America el encargo de dividir las filiales en seis por negocios y área geográfica.
Así las cosas, tanto en España como en Portugal, países en los que la constructora tiene contratos en hospitales (gestionando el servicio de ambulancias en varias CCAA), puertos, alquiler de bicicletas o la restauración en los trenes de Renfe, pactó con Portobello mantenerse en el negocio reteniendo un 25% del capital, valorado en 20 millones de euros.
Esta decisión le ha llevado a deshacer los planes de colocar su negocio de residuos en Reino Unido, pues el foco está pensado en una revalorización en el futuro.
Sobre el importe de la transacción, Ferrovial explicó al momento del acuerdo que el valor de la empresa vendida ascendía aproximadamente a 186 millones de euros, incluyendo capital y deuda, al que se sumaban otros 50 millones de euros que recibirá por otros conceptos variables.
En consecuencia, la suma de ambos conceptos asciende a 236 millones de euros, aunque se trata de una cifra estimada, sujeta a la deuda neta y capital circulante resultante del balance preparado a diciembre de 2021.
Entretanto, como parte de ese acuerdo para que el vendedor siguiera vinculado, Portobello Capital defendía que esta compra tenía como objetivo consolidar la posición de Ferrovial Servicios en la prestación de gestión de infraestructuras en España para apoyar a la compañía durante la siguiente fase de crecimiento.
En 2021 el fondo de inversión cerró la compra del 80% de la plataforma jurídica Legalitas, entró en el capital de los supermercados Condis y adquirió la totalidad de la italiana Farmol, dedicada a la producción de aerosoles. Salvo esta última, el resto de operaciones terminaron obteniendo el visto bueno de la CNMC, que puede dilatarse varias semanas.
La CNMV y la UDEF también le ponen la lupa a Portobello
Según publicó también a mediados de diciembre el portal La Información, el procedimiento judicial contra el empresario Íñigo Sánchez-Asiaín y el fondo de inversión Portobello Capital por la compra de la red de franquicias Unidental, que luego pasó a integrarse en el grupo Vivanta, podría llegar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
El cruce de querellas entre Portobello y uno de los propietarios que participó en la venta de las clínicas va “in crescendo”, de acuerdo al citado medio de comunicación, luego de que una juez de instrucción de Madrid haya rechazado darle continuidad a la investigación por un presunto delito de extorsión al empresario que mantiene imputados a los responsables de la firma.
Esto, por presuntamente engañar a los duelos de los centros dentales para evadir pagos pendientes por la adquisición del negocio. La magistrada Margarita Valcarce ha explicado en un auto al que ha tenido acceso La Información que la llegada de las posibles pruebas de estafa a la UDEF o a la Agencia Tributaria por parte del dueño no implica la comisión de ningún delito.
Así, ha agregado que la única intención del propietario era “que se diera cumplimiento al contrato firmado en su día”. Ante ello, cabe recordar que los socios de Portobello están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción de Madrid Nº 49 por un presunto delito de estafa que interpuso este mismo empresario, quien alega la existencia de una doble contabilidad.
Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también le puso la lupa a Portobello, luego de que su fundador se viera inmiscuido en varios pleitos legales por la compra de las clínicas dentales Vivanta, lo cual podría costarle su cargo como consejero independiente coordinador en la multinacional española Grifols.
Esto, para poder cumplir el Código de Buen Gobierno de la CNMV, el cual busca “garantizar que las reglas que el Consejo tenga a bien establecer en este ámbito -especialmente, las relativas a la composición cualitativa del órgano y al equilibrio dentro de él entre los distintos tipos de consejeros- se cumplan no sólo formalmente, sino también sustantivamente”.
Así se muestra en el portal de la CNMV, en el apartado del Código de Buen Gobierno.
