La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al bailaor Rafael Amargo de un delito contra la salud pública del que había sido acusado por la Fiscalía de Madrid, en relación a la venta de droga en su antiguo piso de Malasaña de la capital.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados exoneran al bailaor, a su exproductor Eduardo de Santos y a otra persona juzgada por los mismos hechos.
Rafael se encuentra en libertad provisional desde el pasado 12 de abril, fecha en la que el juicio quedó visto para sentencia. Esta medida se acordó a instancias de la Fiscalía de Madrid para asegurar la celebración del juicio después de quebrantar las medidas impuestas de firmar ante el juzgado.
En su declaración, el artista manifestó que no tenía necesidad, «gracias a dios», de dedicarse «a otra cosa que no sean las artes escénicas», recordando que ha sido «bandera y baluarte en España» del flamenco y comparándose con Lola Flores por su «generosidad».
«Llevo tres años y medio callado y estoy contento por estar con ustedes. Voy que decir la verdad y toda la verdad de este delito provocado», señaló.
Rafael Amargo se enfrentaba a nueve años de cárcel por un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia, al igual que su productor Eduardo de Santos al mantener la fiscal sus peticiones de condena.
En los informes, el abogado Marcos García Montes solicitó la libre absolución de Amargo y en el caso de que fuera condenado, que se le apreciara una eximente completa por adicción a las drogas y se le someta a un tratamiento ambulatorio.
Las intervenciones telefónicas y el testimonio de los investigadores de la Policía Nacional eran la principal prueba de cargo que tenía la fiscal para sustentar su acusación. Los abogados del bailaor intentaron impugnar estas escuchas.
Los investigadores y la Fiscalía de Madrid sostenían que Rafael Amargo y Eduardo realizaban «compras conjuntas» destinadas a financiar la obra de ‘Yerma’, extremo que niegan los acusados al necesitarse como mínimo 100.000 euros.
En su informe, la fiscal manifestó que el trasiego de personas en el piso de Rafael, el segundo derecha del número 4 de la calle La Palma, en la época de los hechos investigados estaba acreditado por el testimonio de los agentes de la Policía Nacional.
La representante del Ministerio Fiscal mencionó las escuchas intervenidas entre agosto y noviembre de 2020 en las que se hablaba de cantidades de droga que sobrepasan el autoconsumo y que determinan la notoria importancia -penado de entre 6 a 9 años de cárcel- citando una conversación en la que una persona le pide unas 500 pastillas y otra en la que Rafael afirma que quiere un kilo de metanfetamina.
