El caso Koldo sigue sacudiendo los cimientos del Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, y ahora suma un nuevo giro judicial: Koldo García el exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha iniciado negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción para colaborar a cambio de garantías legales para su familia y una condena penal mínima.
Koldo estaría dispuesto a revelar detalles clave de la presunta trama de corrupción vinculada al amaño de contratos de adjudicación de obras públicas y la compra de mascarillas siempre que la Fiscalía acceda a sus condiciones. El exasesor no solo busca una salida personal favorable, sino también proteger a su entorno más cercano.
Según varias fuentes, Koldo ha transmitido a su defensa la estrategia de cooperar con los investigadores, pero con límites muy claros: su colaboración con la justicia estaría condicionada a que su expareja, Patricia Úriz, y su hermano, Joseba García, queden fuera del procedimiento judicial. Según su defensa, aún guarda numerosa documentación que no ha salido a la luz y cuenta con esa baza para negociar con el Ministerio Fiscal.
Ambos familiares han sido señalados por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como posibles partícipes en operaciones económicas y empresariales vinculadas a los contratos bajo sospecha. Ahora, Koldo exige garantías para que no sean imputados ni juzgados como moneda de cambio para prestar declaración.
Asimismo, solicita una condena penal «asumible», lo que en la práctica se traduciría en una pena inferior a dos años, que le permitiría eludir el ingreso en prisión, y que incluso podría ser sustituida por una multa económica o trabajos en beneficio de la comunidad.
La Fiscalía estudia si aceptar el “precio” de Koldo por hablar
Por ahora, la Fiscalía Anticorrupción no ha tomado una decisión definitiva. Cualquier posible colaboración eficaz debe ser evaluada con rigor y valorada en función de la información que el investigado pueda aportar.
Los investigadores buscan indicios que permitan llegar a niveles superiores de responsabilidad política, y consideran que el exasesor de Ábalos podría conocer en profundidad los mecanismos de adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria, así como los vínculos con empresarios como Víctor de Aldama, uno de los supuestos cabecillas de la trama.
Una fuente próxima al caso apunta que si Koldo aporta pruebas documentales o audios comprometedores que impliquen a cargos públicos, altos funcionarios o incluso otros miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, la Fiscalía podría acceder a sus condiciones con el objetivo de desmontar completamente la red.
El trío de la corrupción que mantenía él, junto con el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos, donde presuntamente cobraban mordidas en diferentes contratos, hace que cada uno de los implicados esté siguiendo una estrategia judicial para intentar salir indemnes de la mejor manera posible.
Tanto Koldo como Ábalos tuvieron que declarar el pasado lunes en el Tribunal Supremo, pero el primero se acogió a su derecho a no declarar, y en el caso del segundo, dice que no se reconoce en los audios y que no ha estado implicado en ninguna trama de corrupción del que se le acusa.
Hoy declara ante el mismo tribunal, Santos Cerdán, que según ha trascendido manifestará ante el Supremo, que al igual que Ábalos, tampoco se reconoce en dichos audios y negará que haya cobrado comisiones ni tenga una participación en la empresa navarra Servinabar.
Desde que estalló el escándalo, Koldo García ha mantenido un perfil público bajo y ha rehusado pronunciarse sobre su implicación. Incluso cuando fue detenido en febrero de 2024, y posteriormente liberado con cargos, optó por guardar silencio en sede judicial y no colaborar con los investigadores.
Koldo no ha entregado todo el material del que dispone, como un mecanismo de presión o de defensa ante una posible implicación más directa del exministro. Los investigadores sostienen que este «arsenal de pruebas» incluiría audios y correos electrónicos comprometidos, que demostrarían la participación de altos cargos socialistas.
Sin embargo, la presión sobre su entorno familiar y la magnitud del procedimiento judicial abierto han hecho mella en su estrategia. Ahora, el exasesor estaría dispuesto a cambiar de actitud si se cumple su exigencia de “blindar a los suyos”.
