El partido dirigido por Carles Puigdemont, Junts per Catalalunya, ha exigido el poder sobre los jueces catalanes a cambio de apoyar la polémica Ley Bolaños que es crucial para el Gobierno de Pedro Sánchez para intentar paralizar los casos de corrupción que asolan al PSOE y al ejecutivo.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha implicado de forma directa en las negociaciones con Junts per Catalunya para intentar sacar adelante la controvertida ley que impulsa el ministro de Justicia, Félix Bolaños, una reforma judicial que ha puesto en pie de guerra a jueces y fiscales de toda España.
En una reunión mantenida en Suiza, Zapatero pidió a la cúpula de Junts que impulsaran la ley a cambio de nuevas cesiones, en un momento en que el PSOE se enfrenta a una presión judicial y política sin precedentes por la trama de corrupción del caso Koldo, que ha salpicado directamente al ex número tres del partido, Santos Cerdán.
Zapatero solicitó el apoyo a la ley como parte de su estrategia para mantener abiertas las vías de diálogo con el independentismo catalán, asumiendo un papel de emisario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la caída de Cerdán. El expresidente habría expresado su deseo de “atraer a Junts a políticas progresistas”, aunque el precio de ese apoyo podría alterar profundamente la estructura judicial en Cataluña.
Junts responde con exigencias: control casi total sobre la justicia en Cataluña
La respuesta del partido de Carles Puigdemont no se hizo esperar. En una reunión posterior, los negociadores de Junts exigieron al PSOE la aceptación de una treintena de enmiendas como condición sine qua non para dar su apoyo a la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. Entre esas exigencias destaca la creación del Consell de Justícia de Catalunya (CJC), un órgano con competencias muy similares a las del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El CJC tendría capacidad para designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), nombrar a los presidentes de sala y de audiencias provinciales, y también asumir funciones disciplinarias sobre jueces y magistrados. Además, Junts reclama que este nuevo órgano pueda instruir expedientes, organizar inspecciones, resolver recursos contra los tribunales catalanes y hasta aplicar reglamentos del CGPJ de forma autónoma.
Mientras tanto, la reforma judicial impulsada por el ministro Félix Bolaños ha generado una inédita ola de protestas en el ámbito judicial. Cinco asociaciones de jueces y fiscales convocaron una huelga de tres días bajo el lema “En defensa del Estado de Derecho”. Además, se realizó una histórica concentración ante el Tribunal Supremo, algo sin precedentes en democracia.
Entre los aspectos más polémicos de la ley se encuentra el cambio en el sistema de acceso a la judicatura, la reducción de competencias del Consejo Fiscal y un posible incremento del poder del Fiscal General del Estado que tendría el control de la UCO en las investigaciones, lo que, según los manifestantes, compromete la independencia judicial y la separación de poderes.
Zapatero toma el relevo tras la caída de Santos Cerdán
La implicación de Zapatero en las negociaciones responde también al vacío que ha dejado la detención de Santos Cerdán, quien fue enviado a prisión incondicional por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el marco del caso Koldo. El expresidente viajó a Suiza en representación del PSOE para participar en el primer encuentro con Junts tras la imputación de Cerdán.
Durante la reunión, Zapatero habría expresado su confianza en que Cerdán podría demostrar su inocencia y denunció lo que consideró una “persecución política” contra el ex secretario de Organización. Sin embargo, el proceso judicial avanza y su ingreso en la cárcel de Soto del Real ha precipitado una reconfiguración de las estrategias negociadoras del PSOE.
El expresidente hoy también es noticia, por su presunta implicación en la trama de hidrocarburos junto con el empresario Victor de Aldama, y que habría participado de manera muy activa para importar petróleo de Venezuela con destino nuestro país, pasando previamente por República Dominicana.
La Ley Bolaños, clave para el Gobierno de Sánchez
El Gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar esta reforma judicial este mismo mes de julio mediante una tramitación parlamentaria por la vía de urgencia. El objetivo es blindar ciertos aspectos del sistema judicial antes del verano, y para ello necesita cada voto en el Congreso de los Diputados, especialmente de fuerzas como Junts, que ya ha mostrado su voluntad de condicionar su apoyo a cesiones clave.
Según fuentes gubernamentales, “todavía hay margen para el acuerdo”, aunque reconocen que las exigencias de Junts per Catalunya son de máximos. El PSOE deberá decidir ahora si está dispuesto a ceder el control parcial de la justicia catalana para asegurar la aprobación de una ley que ha generado un enorme rechazo entre los profesionales del derecho.
Esta ley sería clave para limitar las investigaciones que se están llevando en temas de corrupción que acorralan al PSOE y que pretende precisamente que por ejemplo la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) pase a depender de la Fiscalía y no de la Justicia, y como recordamos aquella famosa frase del presidente Sánchez: ¿De quién depende la Fiscalía).
La necesidad de mantener viva la legislatura empuja al PSOE a negociar leyes clave con partidos independentistas, aún a costa de tocar pilares fundamentales del Estado, como el sistema judicial.
En plena tormenta por los casos de corrupción, y con la UCO investigando a figuras como Cerdán, Ábalos o Víctor de Aldama, el Ejecutivo parece dispuesto a jugar su última carta: pactar con Junts a cambio de reformas que cuestionan la autonomía del poder judicial.
