La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz, señala que existen «indicios de fraude de ley» en el aforamiento exprés del socialista Miguel Ángel Gallardo, hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz y actual diputado autonómico del PSOE en Extremadura.
En una exposición razonada dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la magistrada cuestiona abiertamente la legalidad de la maniobra que permitió a Gallardo obtener el aforamiento pocas horas antes de que se le abriera juicio oral por presunta prevaricación.
Destaca, además, que lo hace «no por causa de la dimisión o renuncia de la persona que le precedía en la lista de candidatos, sino de varias, cinco en total» y «todas ellas de forma exprés y conjunta y parece ser que con la finalidad única de que Miguel Ángel Gallardo pasara a ostentar la condición de diputado y, por consiguiente, aforado«.
El núcleo del escándalo reside en la rapidez y la secuencia de los hechos. La jueza ha descrito como «inusual» y potencialmente fraudulento el hecho de que hasta cinco personas renunciaran de manera coordinada a su puesto en la lista del PSOE a la Asamblea de Extremadura, justo en el momento en que la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, tocaba de lleno a Gallardo.
Esta cadena de renuncias permitió que el histórico barón socialista extremeño accediera a un escaño como diputado autonómico y, con ello, quedara aforado, lo que obliga a que su causa sea instruida por el TSJEx en lugar de un juzgado ordinario.
En su auto, la jueza Biedma afirma que no cuestiona el hecho del aforamiento per se, sino la finalidad que persigue y el modo en que se ha ejecutado, lo cual “podría estar viciado de fraude de ley”, al entender que la jugada fue orquestada únicamente para entorpecer el avance judicial.
Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez
El proceso que investiga la jueza Beatriz Biedma tiene su origen en una pieza separada del llamado caso Diputación de Badajoz, una trama presuntamente de contrataciones irregulares y tráfico de influencias. Entre los implicados está David Sánchez, hermano menor del presidente Pedro Sánchez, que trabajaba como asesor cultural de la Diputación.
La instrucción judicial plantea que David Sánchez pudo haber sido colocado a dedo y que su contratación estaría vinculada a intereses políticos dentro del PSOE extremeño y por ser hermano del ahora presidente del Gobierno.
Según público El Distrito, Gallardo y Sánchez podrían mantener una relación sentimental desde hace meses y esa sería una de las razones por las que su aforamiento exprés se realizó para proteger la figura de ambos.
Con el paso de los meses, la instrucción se ha ido ampliando y ahora afecta también a funcionarios y cargos públicos, incluidos Miguel Ángel Gallardo y otros nueve investigados. La jueza dictó auto de apertura de juicio oral y apenas unas horas después, el PSOE activó el proceso para que Gallardo pasara a ser diputado autonómico, blindándolo con el aforamiento.
Tras la exposición razonada, corresponde al TSJEx decidir si acepta la causa y continúa con la instrucción. El paso dado por la jueza Biedma representa un gesto poco habitual, ya que implica elevar la causa a un tribunal superior al tiempo que se cuestiona abiertamente la legitimidad del aforamiento.
Según fuentes jurídicas, el TSJEx deberá ahora valorar si hay base suficiente para admitir la exposición razonada y, en su caso, instruir la causa directamente.
El magistrado y portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente, Jesús Villegas, calificó el aforamiento de Gallardo como un “escándalo institucional sin precedentes” y ha respaldado a la jueza Biedma por denunciar públicamente el uso torticero de los aforamientos para blindarse judicialmente. Villegas ha pedido una reforma urgente del sistema de aforamientos, al considerar que actualmente está siendo utilizado como una “herramienta de impunidad para políticos en apuros”.
Por su parte, el Partido Popular de Extremadura ha acusado al PSOE de orquestar una estrategia de encubrimiento judicial y ha exigido explicaciones al presidente regional del partido, así como al propio Pedro Sánchez, al considerar que su hermano se encuentra en el centro de una red de favores institucionales.
La portavoz del PSOE en Extremadura, Isabel Gil Rosiña, defiende la legalidad del proceso. “El aforamiento no significa impunidad”, declaró, insistiendo en que el movimiento para incorporar a Gallardo a la Asamblea fue “transparente, democrático y legítimo”. Gil Rosiña también denunció una “persecución política y mediática” contra el PSOE por parte de la derecha, y anunció que el partido está estudiando reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos, en un gesto que, para muchos, llega demasiado tarde.
