El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha impuesto una multa de 5.000 euros al abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, y de 500 euros a los letrados de las acusaciones populares ejercidas por Vox y Hazte Oír. La sanción se debe a que realizaron declaraciones a los medios de comunicación sobre la comparecencia de Gómez ante el juez el pasado diciembre, vulnerando así el deber de secreto que impone la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según el auto judicial, los tres letrados excedieron los límites del ejercicio del derecho de defensa al transmitir información que debía mantenerse en secreto. Aunque los abogados de Vox y Hazte Oír no aparecen en las grabaciones televisivas, reconocieron haber hecho declaraciones tras las manifestaciones de Camacho, lo que el juez consideró como una atenuante.
Esta decisión se enmarca en una pieza separada abierta por el magistrado para investigar las filtraciones a la prensa sobre las diligencias del caso. Peinado ya había advertido anteriormente que la revelación indebida del contenido del sumario podría conllevar multas de entre 500 y 10.000 euros, según el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Origen del caso Begoña Gómez
La investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se inició hace un año a raíz de una denuncia del colectivo Manos Limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Desde entonces, la causa ha evolucionado, incluyendo imputaciones por apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Uno de los focos de la investigación es la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en 2018, un proceso en el que el juez sospecha posibles irregularidades.
Estas sanciones son solo un síntoma más de la tensión creciente que rodea a uno de los casos más incómodos para Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa. Lo que comenzó como una denuncia del colectivo Manos Limpias por tráfico de influencias, ha derivado en una investigación judicial con ramificaciones que alcanzan de lleno al núcleo de poder del Gobierno.
Uno de los focos principales está en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en 2018, en el entorno de La Moncloa. La sospecha: un proceso irregular en el que se habrían usado recursos públicos para favorecer intereses personales o políticos.
En esta línea, el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido llamado a declarar como testigo, dado que ocupaba un puesto clave en la Secretaría General de Presidencia en aquel momento. El juez busca esclarecer si Bolaños participó en el nombramiento o encubrió presuntas irregularidades en la contratación. El juez considera que podría haber indicios de un presunto delito de malversación en dicho nombramiento.
La Fiscalía y sus presiones al juez Peinado
La Fiscalía ha expresado su preocupación por la forma en que se está llevando a cabo la instrucción del caso como forma de presión..En un escrito dirigido al juez Peinado, el Ministerio Público acusó al magistrado de abocar a las partes a una política de «hechos consumados» y le reclamó un «impulso procesal» para resolver los recursos pendientes como una forma de presión.
La Fiscalía continuando con sus presiones al juez, y también criticó que se continúe profundizando en ciertos aspectos sin dar respuesta a las alegaciones presentadas.Por su parte, la defensa de Begoña Gómez ha acusado al juez de investigar «meras especulaciones» por «motivos ajenos a la causa». En un recurso presentado, el abogado Antonio Camacho argumentó que la investigación carece de fundamento y que los hechos que se investigan ya han sido descartados por la Audiencia Provincial de Madrid y por informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La estrategia de Moncloa: defender a Begoña Gómez
Lejos de ofrecer explicaciones claras, el Gobierno de Sánchez ha optado por una estrategia de ataque. Desde el primer momento, ha tratado de presentar la causa como una maniobra de “lawfare” (guerra judicial) impulsada por la derecha mediática y los sectores más conservadores de la judicatura. Sin embargo, los indicios acumulados y el avance de la investigación contradicen la tesis del montaje político.
Sánchez incluso llegó a defender a su esposa desde el atril del Congreso y en entrevistas en televisión, utilizando el poder institucional para minimizar la gravedad del caso. La utilización del aparato del Estado para proteger a Begoña Gómez no solo pone en entredicho la separación de poderes, sino que alimenta la sospecha de que, en lugar de transparencia, lo que prima es el encubrimiento.
