La figura de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, vuelve a quedar en entredicho tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de mantener abierta la investigación sobre su supuesta implicación en el rescate millonario a Air Europa en 2020.
A pesar de las resoluciones contrarias de la Audiencia Provincial de Madrid, que pide archivar la causa por falta de indicios, el juez sostiene que existen nuevas líneas de investigación que justifican continuar con el proceso.
El juez Peinado se basa en informes policiales recientes y nuevas informaciones periodísticas para justificar la reapertura de una línea de investigación sobre tráfico de influencias y corrupción en los negocios. A su juicio, ignorar estas posibles irregularidades sería caer en una “omisión de la persecución del delito”, una figura legal que él mismo invoca en su auto.
En su resolución, el magistrado responde al recurso en el que la Fiscalía aseguraba que no hay hechos nuevos en los que indagar con respecto al rescate. «Con el respeto que merece (la Fiscalía), solo cabe decir que, parece no querer estar en el mundo en el que vivimos todos los españoles», critica.
El instructor, además, también se refiere al hecho de que la defensa de Begoña Gómez recurriera el auto por el que justificaba su decisión de seguir investigando el rescate. Esa decisión de recurrir, un día después que la Fiscalía es, según el juez, «curiosa y nada frecuente».
El juez ha rechazado de esta forma sendos recursos presentados ante la resolución en la que afirmaba que si no investigaba el rescate de Air Europa podría incurrir en un delito de prevaricación o en un delito de omisión de perseguir delito
En esta línea, explicaba que si bien el Ministerio Público era contrario a solicitar un nuevo informe sobre Globalia –matriz de Air Europa– a la UCO en base a resoluciones anteriores de la Audiencia Provincial, en realidad éstas indicaban que se debían de excluir los hechos ya conocidos relativos a la compañía pero no los «realmente nuevos y de signo incriminatorio».
Las conexiones de Begoña Gómez y varios empresarios
Begoña Gómez no ostenta un cargo público pero su relación profesional con el empresario Juan Carlos Barrabés, que participó en iniciativas académicas de la Universidad Complutense vinculadas al máster que ella dirigía, levanta suspicacias. Barrabés obtuvo contratos públicos millonarios en fechas cercanas a su vinculación con Gómez, algo que el juez considera digno de seguir investigando.
Del mismo modo, la conexión indirecta entre Gómez y directivos de Globalia, grupo matriz de Air Europa, como Javier Hidalgo, genera dudas sobre el papel que pudo haber jugado en la aprobación del rescate de 475 millones de euros financiado con fondos públicos.
Si bien su defensa, encabezada por el exministro del Interior Antonio Camacho, insiste en que no existe delito alguno, lo cierto es que algunas adjudicaciones vinculadas a empresas relacionadas con Barrabés sí generan dudas sobre conflictos de interés y favorecimiento institucional.
Además, el hecho de que la propia Audiencia Provincial haya tenido que ordenar al juez en dos ocasiones que archive la causa pone de relieve la tensión entre criterios jurídicos y la presión por esclarecer el trasfondo de una operación que supuso el uso de una importante cantidad de dinero público.
El rescate a Air Europa en plena pandemia fue defendido por el Ejecutivo pero la coincidencia temporal entre el rescate y la cercanía de Begoña Gómez con figuras clave del entorno empresarial beneficiado es, cuanto menos, sospechosa. ¿Tuvo realmente algún papel en las decisiones internas del Ejecutivo?¿O simplemente su figura fue utilizada por terceros para ganar influencia? Son preguntas que, a día de hoy, siguen sin respuesta.
La defensa férrea de Pedro Sánchez a Begoña Gómez
El presidente Pedro Sánchez ha defendido en numerosas ocasiones la inocencia de su esposa y ha calificado la investigación como parte de una campaña de acoso judicial orquestada por la derecha y la extrema derecha.
Sin embargo, ni Sánchez ni Gómez han dado explicaciones claras sobre las vinculaciones empresariales de esta última ni sobre el alcance de sus actividades paralelas a la vida pública. La falta de transparencia institucional alimenta las sospechas, incluso en ausencia de pruebas concluyentes.
El empeño del juez Peinado en seguir investigando el caso refleja un principio básico del estado de derecho: ningún poder ni figura vinculada al Gobierno debe quedar al margen del control judicial. Cuando se trata de millones de euros de dinero público, la exigencia de transparencia y responsabilidad debe ser máxima.
