El juez de Koldo ha solicitado la intervención de la Guardia Civil para recopilar todos los mensajes de correo electrónico institucionales del vicepresidente del departamento de Transporte y Movilidad Sostenible, Jesús Manuel Fernández García, así como del actual responsable de presupuestos en el Ministerio de Hacienda, Javier Sánchez Fuentefría. Esto se debe a las sospechas de una «actividad ilegal» vinculada con los contratos de emergencia durante la pandemia. Sigue la última hora en el programa de Distritotv, ‘Mundo al Rojo’.
La más reciente producción vinculada a la causa, se centra en el ex ministro de Transportes durante la licitación de los contratos de mascarillas, José Luis Ábalos. Asimismo en un conjunto de funcionarios de alto rango de su departamento que habrían intervenido para conceder las licitaciones a Soluciones de Gestión.
Mensajes de los altos cargos de Transportes y Hacienda
Con ese propósito, el juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional comisiona a la Guardia Civil para obtener del Ministerio liderado por Óscar Puente todo lo que se encuentra en los mensajes electrónicos de empresa de estos dos funcionarios de alto rango de Transportes y Hacienda. Los mensajes solicitados van desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio del mismo año.
En estas fechas, la compañía del ‘caso Koldo’ se hizo con los dos primeros contratos del Gobierno de Pedro Sánchez que licitó Puertos del Estado y de Adif. Ambos organismos son dependientes de Transportes. El contrato inicial fue otorgado el 21 de marzo por un valor de 20 millones de euros, mientras que el segundo se consiguió seis días después por 12,5 millones de euros.
Altos cargos de Transportes acorralados por la UCO
La petición del magistrado Moreno se da a raíz de la solicitud de la UCO que en un nuevo informe exponen que las investigaciones «ha revelado de interés» por conocer el contenido de los mails de Gómez García y de Sánchez Fuentefría. Esto se debe a que «pueden contener el origen» de la orden de contratar con Soluciones de Gestión por la posición jerárquica que tenían en el Ministerio de Puente en aquel momento.
Estos altos cargos son alcanzados por los agentes después de investigar otros emails empresariales que el juez solicitó en febrero pasado con respecto a altos mandos de estas dos entidades subordinadas a Transportes. Asimismo, de la Secretaría de Estado de Seguridad (subordinada al Ministerio del Interior) y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
Comunicaciones de interés para el ‘caso Koldo’
Fue precisamente de esa solicitud en la que la UCO concluyó la supuesta participación de Michaux Miranda, Director General de Gestión de Personal de Adif, y Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos del Estado, además de los dos altos funcionarios sobre los que ahora se solicita información.
A pesar de ello, únicamente la UCO recolectó los correos empresariales de los primeros dos involucrados. Por esta razón ahora solicita las comunicaciones de Gómez García y Fuentefría, quien en el momento de la firma de los contratos ocupaba el puesto de director general de Organización e Inspección de Transportes. En relación a este asunto, la Fiscalía Anticorrupción respalda a la UCO en la obtención de las comunicaciones al considerarlas «de interés» para el ‘caso Koldo’.
Sánchez Fuentefría y su «papel de intermediario»
Concretamente, el juez afirma que, según las conversaciones analizadas, se deduce que Sánchez Fuentefría «tiene un papel de intermediario como transmisor de las instrucciones del Ministerio de Transportes» al antiguo secretario general de Puertos del Estado. Esto se desprende de un correo electrónico datado el 20 de marzo. En él el actul alto cargo del Ministerio de María Jesús Montero dio directivas al cargo de Puertos del Estado sobre cómo proceder para publicar la orden que autorizara a esta entidad a licitar el primer contrato a la empresa de Koldo.
Llama la atención a los agentes que el correo original proviniera de la Secretaria personal de la Subsecretaría de Transportes. Los agentes consideran «reseñable» que la comunicación se dirigiera al subsecretario de Transportes, teniendo en cuenta los lazos de éste con Koldo. Específicamente, a ambos se les relaciona con encuentros en La Chalana, el restaurante principal de la trama donde solían encontrarse.
Transportes en el punto de mira
A todo eso se suma que encontraron emails de los cuales se deduce que Fuentefría fue quien se encargó de mantener la comunicación con Adif a través de Michaux Miranda. «En este sentido en el oficio policial se han recabado los suficientes indicios como para apuntar a que la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, presidida por Jesús Manuel Gómez García, asumió un rol clave en que esta decisión fuera transmitida a los entes que ejecutaron la contratación de la mercantil», señala el juez instructor.
En relación a Gómez García, se verifica su vínculo con el ex ministro de Transportes del partido socialista, José Luis Ábalos, y también el hecho de que el propio 20 de marzo, durante el proceso de licitación, enviara un correo electrónico a Álvaro Sánchez que incluía el documento ‘200320 OM Mascarillas V8.docx’.
