El juez del «caso Koldo», Ismael Moreno, ha decidido imputar a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por su presunta implicación en la contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja del exministro socialista José Luis Ábalos.
La decisión judicial considera que hay indicios sólidos para investigar a Pardo de Vera por los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, relacionados con las contrataciones en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. La investigación apunta a que estas incorporaciones se produjeron por presiones políticas del entorno de Ábalos y de su exasesor Koldo García, epicentro del caso.
El instructor de esta causa en la AN toma esta decisión -respaldada por la Fiscalía Anticorrupción– a instancias del juez que investiga el ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que apreció indicios de delito en la actuación de Pardo de Vera por la «caprichosa» contratación de Rodríguez. Puente, en concreto, dedujo testimonio a AN el pasado mes de abril para que Moreno tomase una decisión.
El juez Moreno destaca que Rodríguez, en su declaración como testigo en el Supremo, afirmó que no prestó actividad profesional o laboral de ninguna naturaleza en ninguna de las dos empresas, «que ni siquiera asistía su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos periodos, dos años y medio».
El juez cita a Isabel Pardo de Vera a declarar como investigada el próximo 29 de mayo, en una comparecencia clave para entender su papel en la supuesta trama de favores que se tejió desde el Ministerio. Según el auto judicial, Rodríguez fue contratada en Ineco y luego adscrita a Adif, coincidiendo con el periodo en el que Pardo de Veraostentaba la presidencia de esta última.
El magistrado considera que estos hechos se produjeron bajo el amparo y conocimiento de Koldo García, quien habría actuado como intermediario para garantizar que la contratación se hiciera efectiva, pese a no cumplir con los procesos ordinarios de selección ni tener experiencia previa relevante en el sector.
El caso Koldo y su impacto en el PSOE
La imputación de Pardo de Vera supone un nuevo revés para el Gobierno de Pedro Sánchez y especialmente para el PSOE, ya que se vincula directamente a altos cargos de confianza del partido en una presunta red de corrupción institucionalizada.
El caso se centra en una investigación iniciada en 2023 sobre contratos de emergencia durante la pandemia, en los que se detectaron sobrecostes millonarios en la adquisición de material sanitario. Las pesquisas llevaron hasta Koldo García, asesor de confianza de Ábalos, quien ya ha sido imputado por varios delitos relacionados con estos contratos.
Ahora, con la imputación de la expresidenta de Adif, el caso se amplía al presunto uso de fondos públicos para favores personales y políticos, generando una mayor presión sobre el entorno del expresidente del Gobierno y actual líder del PSOE, Pedro Sánchez.
La contratación de Jésica Rodríguez: el detonante
El punto central de la nueva investigación es la contratación de Jésica Rodríguez, quien habría sido beneficiada por su relación personal con Ábalos. El juez sostiene que su incorporación a dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec— se hizo con el único propósito de beneficiar a una persona cercana al ministro, sin que existieran criterios objetivos de necesidad ni justificación laboral.
Además, la expareja de Ábalos fue adscrita a la presidencia de Adif, donde desempeñó funciones administrativas bajo el mando de Isabel Pardo de Vera, lo que refuerza las sospechas de que la contratación fue direccionada políticamente.
La Fiscalía Anticorrupción apoya esta línea de investigación, considerando que los hechos encajan en una utilización del aparato del Estado con fines particulares.
La comparecencia de Pardo de Vera ante el juez puede abrir la puerta a nuevas imputaciones y profundizar en la responsabilidad política de quienes participaron o consintieron estas prácticas. La expresidenta de Adif ha negado públicamente haber cometido irregularidades, pero el entorno judicial considera que su posición fue clave para que la contratación se produjera sin los controles habituales.
