Jueces y fiscales han pedido la retirada de dos reformas impulsadas por el Gobierno que pretenden modificar el acceso a ambas carreras y la estructura de la Fiscalía con un paro de diez minutos a las 12.00 horas en todas las sedes judiciales del país. En su opinión, estas reformas buscan debilitar el Poder Judicial «en su función de contrapeso del poder político» y no descartan ir a huelga si no se atiende a su petición.
A las puertas del Tribunal Supremo (TS) se han concentrado más de cien jueces y fiscales tanto de esta sede judicial como de la Audiencia Nacional (AN), así como de las fiscalías antidroga y anticorrupción. En su caso, los encargados de leer el manifiesto han sido el fiscal de la AN Vicente González Mota, de la APIF, y la fiscal antidroga Rosa Frías, de la Asociación de Fiscales (AF).
Paro de jueces y fiscales del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional pic.twitter.com/aPt9Qu4wbN
— Javier Corbacho (@JCorbachoUC) June 11, 2025
El presidente de la AN, Juan Manuel Fernández; magistrados de ese mismo tribunal como María Tardón, Antonio Piña, José Luis Calama o Eloy Velasco; magistrados del TS como Antonio del Moral, Wenceslao Olea, Juan Martínez Moya o Manuel Almenar; fiscales del TS como Javier Huete y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; han apoyado el paro de este miércoles.
Todos ellos han recibido el apoyo de decenas de personas que se han concentrado también en el Parque de la Villa de París para mostrarles su respaldo al grito de «valientes», «independencia judicial» y «libertad». «Solo nos quedáis vosotros y la UCO», han añadido. Por su parte, y ataviados con sus togas a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, cinco representantes han leído el manifiesto minutos después de que sus compañeros de carrera les animaran al grito de «independencia judicial» y «si no hay justicia no hay libertad».
A la convocatoria han acudido, entre otros, el magistrado Adolfo Carretero, que actualmente investiga al exdiputado Iñigo Errejón y antes investigó el ‘caso mascarillas’; así como dirigentes como Marta Castro (Vox) o la exintegrante de la formación Macarena Olona. Los ciudadanos presentes ondearon banderas de España y espetaban: «No es un gobierno, es una mafia» o «Familia Castejón, todos a prisión».
Las asociaciones han subrayado que la reforma de acceso a ambas carreras–«tramitado injustificadamente por vía de urgencia»– «no responde a demanda social alguna». Y han recordado que, además, «ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».
«Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración», han apuntado.
También han criticado que el texto legislativo incluya medidas, «como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces», y que pretenda «crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».
Asimismo, reprochan al Ejecutivo que ponga «falsamente a Europa como excusa» para modificar la base de ambas carreras «convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».
En el marco del manifiesto, las asociaciones también han criticado la redacción del anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía. «Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo», señalan.
Y recalcan que ello, «sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».
Las firmantes, además, lamentan que todas estas reformas tengan lugar en «un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos».
