Más de mil jueces y fiscales han firmado un manifiesto en el que anuncian su intención de ir a la huelga como forma de rechazo a las reformas promovidas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Consideran que las medidas legislativas propuestas «ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial». «La retirada de estas iniciativas es la única manera de evitarlo, y la huelga, la última defensa legítima a nuestro alcance», advierten los firmantes.
El manifiesto, publicado a través de la cuenta de X @Huelga2025, ha reunido más de mil adhesiones en apenas tres días, según confirman fuentes jurídicas Esta iniciativa ha cobrado fuerza tras semanas de tensión entre el Ejecutivo y el sector judicial, alarmado por el alcance de las reformas propuestas.
Dos reformas clave en el punto de mira
Los jueces y fiscales critican especialmente dos iniciativas: el nuevo modelo de acceso a las carreras judicial y fiscal, que a su juicio permite una mayor injerencia política y la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que refuerza el poder del fiscal general y debilita al Consejo Fiscal, reduciendo sus funciones y garantías.
«Estas reformas suponen un grave retroceso en los principios de independencia judicial y separación de poderes. Van contra la Constitución y el derecho comunitario europeo», advierte el comunicado.
Uno de los aspectos más polémicos es el intento del Gobierno de trasladar la preparación de la oposición al Centro de Estudios Jurídicos, hasta ahora en manos de profesionales independientes. Los firmantes alertan de que esto podría suponer un control ideológico sobre el perfil de los futuros jueces y fiscales, afectando directamente a la separación de poderes.
Además, critican la reintroducción del dictamen escrito en el proceso selectivo, un formato eliminado hace dos décadas por su alto grado de subjetividad y riesgo de filtraciones.
La reforma también incluye un sistema de «estabilización» de jueces y fiscales sustitutos, algo que los firmantes califican como «una puerta de entrada sin garantías técnicas ni objetividad», que pone en riesgo la calidad e independencia de la función jurisdiccional. «Esta medida genera una preocupante desigualdad respecto a quienes acceden por el sistema ordinario», afirman desde el sector judicial.
Alerta por la politización del Ministerio Fiscal
Sobre la segunda gran reforma —la del Ministerio Fiscal—, el manifiesto sostiene que esta incrementa el control del Ejecutivo sobre la Fiscalía. La figura del fiscal general del Estado ganaría poder, mientras que el Consejo Fiscal perdería funciones clave como la asignación de casos, el régimen disciplinario y la gestión de discrepancias. «Sin independencia para los fiscales, la separación de poderes se ve gravemente comprometida», concluyen.
Según fuentes cercanas al movimiento, la mayor parte de los firmantes proviene de promociones recientes, aunque también veteranos del ámbito judicial han mostrado su respaldo. La convocatoria ha surgido de forma orgánica a través de redes de comunicación internas y ha cristalizado bajo el nombre de Unión de Jueces y Fiscales, una plataforma que se define como: «apolítica, independiente y enfocada exclusivamente en la defensa de la profesionalidad e independencia judicial».
En apenas unas semanas, su cuenta oficial en X (Twitter) ha superado los 1.500 seguidores, reflejando un creciente respaldo dentro del sector judicial. El colectivo reitera que su lucha no es partidista, sino en defensa de los principios que sustentan el Estado de Derecho.
