Asociaciones de jueces y fiscales anuncian tres días de huelga si el Gobierno no retira las reformas en materia de justicia, conocida como la «ley Bolaños«. A su vez han convocado una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.
El motivo de la protesta es el paquete de cambios que el Gobierno pretende introducir tanto en el acceso a las carreras judicial y fiscal como en la estructura del Ministerio Fiscal, con el objetivo de adaptar el modelo al futuro sistema procesal penal, en el que los fiscales asumirán la instrucción de los casos, actualmente en manos de los jueces.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han acordado convocar una huelga para los días 1, 2 y 3 de julio, así como una concentración frente al Tribunal Supremo el 28 de junio.
Esta decisión se produce tras una consulta interna en la que más del 80% de los miembros de dichas asociaciones votaron a favor de intensificar la protesta tras el paro simbólico de 10 minutos celebrado el pasado 11 de junio en juzgados de todo el país. Ese gesto de advertencia, según los convocantes, obtuvo una adhesión superior al 70%, lo que ha impulsado a las organizaciones a activar un proceso formal de consulta conforme a sus estatutos, culminando en un respaldo mayoritario a la huelga.
Graves advertencias sobre la independencia judicial
Durante el acto del 11 de junio, los portavoces de estas asociaciones —exceptuando nuevamente a las progresistas— leyeron un manifiesto conjunto en el que alertaron de que la independencia del Poder Judicial está en serio riesgo. Señalaron que el proyecto de ley sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, ya en tramitación parlamentaria, y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), suponen una amenaza directa.
“Estas reformas persiguen debilitar el Poder Judicial como contrapeso al poder político”, denunciaron. Según las asociaciones, el nuevo modelo rebajaría la exigencia formativa, sustituiría pruebas objetivas por criterios más subjetivos y permitiría un mayor margen para posibles filtraciones. Además, critican la intención de crear un centro de preparación de opositores controlado por el Gobierno, lo que podría abrir la puerta a una selección ideológica de futuros jueces y fiscales.
Críticas al uso de “Europa como excusa” y al refuerzo del fiscal general
Otro de los puntos más controvertidos es la intención del Ejecutivo de nombrar a más de 1.300 jueces y fiscales sustitutos sin pruebas específicas, una medida que, según las asociaciones, vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando a miles de opositores que preparan las pruebas oficiales con esfuerzo y dedicación.
También hay una fuerte oposición a la ampliación de competencias del fiscal general del Estado, quien, recuerdan, es designado por el Gobierno sin un filtro previo independiente. Este cambio, unido a la reducción de garantías de autonomía en el Ministerio Fiscal, eleva el riesgo de injerencia política en casos sensibles, como los de corrupción, advirtieron.
Por último, denunciaron que estas reformas se desarrollan en un contexto de ataques constantes al Poder Judicial y de descrédito hacia la Fiscalía, con declaraciones políticas que intentan desacreditar decisiones judiciales y que, en su opinión, minan la confianza ciudadana en la Justicia y favorecen los abusos de poder.
