El escándalo conocido hoy por la filtración de resoluciones judiciales al Gobierno de Pedro Sánchez por parte del expresidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, donde le anticipaba meses antes que el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, sería absuelto por su papel en el procés independentista de 2017, ha vuelto a poner en entredicho la separación de poderes en España.
Sin embargo, un aspecto menos conocido pero de gran relevancia política es el origen de su nombramiento: Navarro fue impulsado en 2014 por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afines al Partido Popular, con el visto bueno de Fernando Grande-Marlaska, entonces vocal del CGPJ.
En enero de 2014, el CGPJ, de mayoría conservadora, eligió a José Ramón Navarro Miranda como nuevo presidente de la Audiencia Nacional, en sustitución de Ángel Juanes. La candidatura del magistrado canario fue respaldada por varios vocales con fuerte vinculación al entorno del PP, quienes vieron en Navarro un perfil técnico y con trayectoria en órganos relevantes como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia Provincial de Tenerife.
Entre los vocales que respaldaron su nombramiento figuran:
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Juan Manuel Fernández Martínez, actual presidente de la Audiencia Nacional.
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Gerardo Martínez Tristán, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
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José María Macías, actual miembro del Tribunal Constitucional.
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María Ángeles Carmona, del ala pro-feminista del PP y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
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Wenceslao Olea Godoy, juez del Tribunal Supremo y ex presidente de la Comisión Disciplinaria del CGPJ.
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Juan Martínez Moya, hoy magistrado de la Sala Cuarta del Supremo.
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José Antonio Ballestero Pascual, magistrado en el TSJ de Galicia.
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Nuria Díaz Abad, exvocal del CGPJ y abogada del Estado.
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Carmen Llombart Pérez, actual magistrada en el TSJ de Valencia.
La elección también contó con el respaldo tácito del actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que entonces era vocal del CGPJ y posteriormente se integraría como ministro del Interior en los gobiernos de Pedro Sánchez.
Una filtración que compromete al Estado de derecho
La gravedad del asunto, revelado hoy por El Mundo que señala que Navarro advirtió al Ejecutivo de Sánchez de la absolución de Trapero, dos meses antes de que se hiciera pública la sentencia. El juez lo comunicó mediante mensajes de WhatsApp enviados al entonces ministro José Luis Ábalos, quien a su vez los reenvió a Pedro Sánchez.
El mensaje fechado el 15 de agosto de 2020 decía:
«¡¡Buenas tardes, José Luis!! A los efectos que procedan, ¡en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto, ¡no puede ser público!».
Días antes de que se hiciera oficial, Navarro volvió a avisar:
«La prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero, y publicarán en cualquier momento la absolución, para que lo manejéis».
La absolución de Trapero se produjo en un momento clave para Pedro Sánchez, que entonces negociaba los Presupuestos Generales del Estado con ERC y PDeCAT, socios nacionalistas catalanes. La sentencia, que libraba a Trapero de la acusación de sedición y desobediencia, fue bien recibida por el bloque independentista.
Además, una semana después de hacerse pública la resolución, el Consejo de Ministros aprobó los Presupuestos, un paso crucial para la estabilidad del Ejecutivo. Para Moncloa, la exoneración de un símbolo del independentismo como Trapero fue un balón de oxígeno político.
José Ramón Navarro, un juez con historial de comunicaciones sensibles
No es la primera vez que José Ramón Navarro aparece vinculado a filtraciones judiciales. En el marco del caso Kitchen, el sumario revela mensajes entre el juez y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien le pedía orientación y documentos clave para preparar su defensa en el caso del presunto espionaje a Luis Bárcenas.
Navarro incluso se ofreció a cenar con él para hablar «tranquilamente», y le prometió informarle cuando supiera algo sobre la declaración de Enrique García Castaño, alias «El Gordo», pieza clave en la imputación de Martínez. Años después, la Fiscalía solicitaría 15 años de cárcel para Francisco Martínez por su papel en esa operación.
La comisión permanente del CGPJ analizó estas comunicaciones entre Navarro y Martínez, pero decidió no abrir expediente disciplinario, alegando que se trataba de un tema jurisdiccional, no ético o disciplinario. Esta decisión generó malestar entre juristas y asociaciones judiciales, que reclamaban mayor firmeza frente a posibles interferencias políticas.
José Ramón Navarro abandonó la presidencia de la Audiencia Nacional en marzo de 2025, después de más de una década en el cargo. Fue sustituido por Juan Manuel Fernández Martínez, uno de los vocales que, irónicamente, lo promovieron en 2014.
