El conductor de El Mundo al Rojo, Jesús Ángel Rojo, ha puesto en valor la importancia de que Felipe VI ponga fin a la infame Ley de Amnistía de Sánchez.
Rojo argumenta que la Ley de Amnistía, promulgada en 1977 durante la Transición, debe ser derogada debido a su incompatibilidad con los valores democráticos y a las graves violaciones de los Derechos Humanos que perpetúa.
El abogado explica que la Ley de Amnistía fue concebida como una medida de reconciliación nacional tras la dictadura franquista, pero ha resultado ser un obstáculo para la Justicia y para la reparación de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante el régimen franquista.
Según Rojo, esta ley ha permitido la impunidad de numerosos crímenes y ha perpetuado la impunidad de los responsables, al tiempo que también ha criticado la postura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha mostrado reacio a abordar la derogación de esta ley.
El presentador argumenta que Sánchez está incumpliendo su deber de garantizar la justicia y la reparación a todas las víctimas del franquismo. Rojo destaca que, según la jurisprudencia internacional, las leyes de amnistía que garantizan la impunidad de crímenes de lesa humanidad son contrarias al derecho internacional y a los principios democráticos.
Por tanto, argumenta que Felipe VI, como jefe de Estado, tiene la responsabilidad de instar al gobierno a derogar esta ley y promover la justicia y la reparación para las víctimas. El analista también hace referencia al caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra en situación de exilio debido a las acusaciones de sedición y rebelión.
Rojo afirma que la derogación de la Ley de Amnistía permitirá a Puigdemont regresar a España, y concluye su análisis destacando la importancia de un sistema judicial justo y equitativo, que no permita la impunidad de crímenes de lesa humanidad y garantice la reparación a todas las víctimas.
Finalmente, insta a los ciudadanos a exigir a sus representantes políticos que cumplan con su deber de promover la justicia y la defensa de los derechos humanos