El partido político Iustitia Europa (IE) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el nuevo registro de viajeros que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez.
Luis María Pardo, presidente y abogado de IE, ha explicado que el controvertido Real Decreto 933/2021 del Ministerio del Interior obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y almacenar hasta 42 datos personales de sus clientes durante tres años.
Por tanto, considera que se trata de «una flagrante violación de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por parte de un Gobierno que camina hacia la deriva institucional».
«El Real Decreto invade la privacidad de millones de turistas, ciudadanos españoles y extranjeros», afirma Iustitia Europa en un comunicado, en el que añade que la medida «atenta contra la privacidad de los ciudadanos, al exigir información extremadamente sensible, como datos financieros, relaciones familiares o de parentesco y métodos de pago».
«No todo vale en nombre de la seguridad. Estas medidas son desproporcionadas, vulneran la intimidad de las personas, el reglamento general de protección de datos y carecen de base jurídica suficiente», afirmó Luis María Pardo, quien además, al igual que Iustitia Europa, se han visto directamente afectado por la aplicación del Real Decreto el 2 de diciembre de 2024, fecha en la que entró en vigor y tuvo que suministrar las decenas de datos que ahora la legislación impuesta por el Ministerio del Interior obliga a hoteleros, agencias de viajes y de alquiler de coches.
El recurso plantea la posible inconstitucionalidad del Real Decreto por contravenir los artículos 18 y 19 de la Constitución Española y los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Además, se anuncian sendas cuestiones tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en fase procesal de demanda, por la evidente incompatibilidad de estas medidas con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la jurisprudencia actual del TJUE, restrictiva ante la desproporción del almacenamiento de los datos del Real Decreto.
Se han solicitado medidas cautelares de conformidad con el artículo 129 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como paso urgente para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En su escrito, Iustitia Europa ha solicitado la suspensión cautelar de la norma, argumentando que su ejecución supondría un perjuicio irreparable.
«No podemos permitir que una normativa tan intrusiva y desproporcionada afecte a millones de ciudadanos mientras se decide su legalidad», añadió Pardo. Además, ha señalado el “severo impacto en el turismo y en la imagen de España”. El partido advierte que estas medidas también amenazan con dañar uno de los pilares fundamentales de la economía española: el turismo.
La obligación de recopilar datos sensibles podría disuadir a turistas internacionales de visitar España, afectando directamente al sector hotelero y a la competitividad del país. Iustitia Europa ha subrayado la importancia de garantizar la protección de los derechos fundamentales frente a normativas desproporcionadas.
«Nuestro objetivo no es solo cuestionar esta normativa, sino establecer un precedente para que nunca más se utilicen herramientas legales de manera abusiva y desproporcionada, una vez más, contra los derechos fundamentales de los ciudadanos», concluyó el presidente de Iustitia Europa.
