Iustitia denuncia la avocación incorrecta de la Fiscalía Europea en el ‘Caso Begoña’

La organización Iustitia Europa, encargada de supervisar y fomentar la justicia en la Unión Europea, y que desempeña la función de Acusación Popular en el caso DPPA 1146/24 (conocido como Begoña Gómez) del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha enviado una solicitud para que se reanude la investigación de los contratos otorgados por RED.ES a la UTE, conformada por las entidades INNOVA NEXT SLU y ESCUELA DE NEGOCIOS-The VALLEY.

En opinión de Iustitia Europa, se ha llevado a cabo una avocación incorrecta por la Fiscalía Europea, la cual carecería de jurisdicción en el proceso que se está siguiendo contra la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez Fernández, y otros acusados. Por lo tanto, una vez que la Fiscalía Europea lo haya devuelto, Iustitia Europa pide al Instructor que se plantée una cuestión de competencia positiva ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Considerando desde el Espacio Legal de Iustitia Europa, se ha observado que la Fiscalía Europea ha asumido responsabilidades que no le corresponden, perjudicando al Juzgado de Instrucción número 41. En este marco, la decisión de la Fiscalía de asumir el caso en cuestión no está en conformidad con los requisitos legales establecidos y impacta en la apropiada administración de la justicia, poniendo en peligro la imparcialidad del proceso judicial, especialmente después del dictamen del Tribunal Supremo en el caso «KOLDO» [1].

Ha indicado Luis María Pardo, presidente y letrado de Iustitia Europa, que: «La recepción de financiación de la UE, a través de fondos europeos, no conlleva necesariamente un perjuicio para los intereses financieros de la Unión según la Directiva (UE 2017/1371), ni es el objetivo de los imputados, ya que, hasta el momento, no se investigan delitos por parte de la Fiscalía en este procedimiento, sino tráfico de influencias y corrupción en los negocios; siendo evidente y público el involucramiento de múltiples Administraciones Públicas, tales como RED.ES, la Universidad Complutense de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Superior de Deporte, tanto con financiación nacional como europea.»

Según indicó el alto tribunal en el juicio «Koldo», «No se trata solo de la IMPORTANCIA de los RECURSOS UE implicados, sino la índole de los intereses legales afectados» debido a un presunto entramado de corrupción que ha perturbado el correcto funcionamiento de la burocracia estatal por varios años. En la actualidad, se encuentran bajo investigación la esposa del Jefe de Estado, el director de la Universidad Complutense de Madrid y el líder de la empresa Grupo Barrabés.

En sus afirmaciones, Luis María Pardo sostiene:  “Ante la posible lesión a los intereses económicos de la UE, carece de base la exclusión de este Juzgado de Instrucción de la pesquisa sobre las adjudicaciones y contratos, ya que se investiga la MANIPULACIÓN DE INFLUENCIAS DE FORMA SUCESIVA, abarcando múltiples entes estatales,   por lo que  la designación de la Fiscalía Europea para llevar a cabo la investigación no puede ser resultado directo de los artículos 4 de la Directiva y 22 del Reglamento 9/2021. El tema central de esta investigación es el correcto ejercicio de las funciones públicas desde la óptica de un órgano administrativo al servicio de los intereses colectivos y totalmente sujeto a la legalidad y al derecho, de acuerdo a los principios que rigen su funcionamiento, establecidos en el artículo 103 de la Constitución Española.”

El proceso de derivar un caso por parte de la Fiscalía Europea debe ser riguroso, respetando las competencias de las autoridades nacionales y garantizando el seguimiento adecuado del debido proceso. En este caso, nos parece que dichos principios fueron infringidos y que la Fiscalía Europea, al asumir esta causa, ha actuado más allá de sus competencias legales.

En caso de que se apruebe la solicitud de competencia positiva por el Tribunal Supremo, la avocación ejecutada por la Fiscalía Europea podría ser anulada y el caso sería devuelto a la jurisdicción del Juzgado número 41. Esto contaría con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya se pronunció el 29 de mayo de 2024, sobre los indicios objetivos y racionales relacionados con la denuncia por Tráfico de Influencias y Corrupción en los Negocios de Begoña Gómez.