La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil amplía su investigación sobre el conocido como Caso Koldo, sumando ahora a sus objetivos a Francina Armengol, presidenta del Congreso y ex presidenta del Govern balear, y a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias.
Tras centrar su atención en Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, la UCO está ultimando nuevos informes centrados en los contratos de emergencia por mascarillas durante la pandemia en Baleares y Canarias, así como posibles relaciones con los investigados.
Las fuerzas y cuerpos del seguridad del Estado están agilizando dichos informes con el fin de que vean la luz antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe la ley Bolaños, una profunda reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que supondrá un cambio estructural en el modelo de instrucción penal en España.
La medida prevé que los fiscales asuman la dirección de las investigaciones penales, en lugar de los jueces de instrucción, lo que implica que unidades como la UCO pasarán a depender directamente de la fiscalía. y hemos de recordar las palabras del presidente Pedro Sánchez sobre quién controla la fiscalía, El Gobierno prevé iniciar su tramitación este verano y esté aprobada antes de final de año.
Los informes que señalan a Torres y Armengol vínculan a ambos con la empresa Soluciones de Gestión, que obtuvo contratos de emergencia para mascarillas: En Baleares, el Govern dirigido por Armengol adjudicó 3,7 millones de euros en abril de 2020, con la entrega del material antes incluso de formalizarse el contrato administrativo, lo que generó sospechas. En Canarias, bajo la presidencia de Torres, se asignaron 12,3 millones de euros a la misma empresa, pero sin que la UCO haya logrado determinar con claridad el precio pagado.
En el caso de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, esta licitación que se realizó en abril de 2020, en plena pandemia, hizo sospechar a la Guardia Civil, que terminó constatando que no había documentos previos a la recepción del material sanitario, tan solo una factura proforma.
En relación al ministro Torres, por un lado estaría la adjudicación de cuatro contratos del Servicio Canario de Salud por 12,31 millones de euros a la misma empresa que se autorizó en Baleares, con un precio del 560% por encima del valor de mercado. Un 30% de las mascarillas eran defectuosas y no cumplían con el nivel de filtrado correspondiente. A pesar de ello, hicieron más pedidos en mayo a la empresa por otros 5 millones de euros.
Estas irregularidades, fueron financiadas con fondos comunitarios, que una fase inicial fueron investigadas en la Fiscalía Europea, pero finalmente se traspasaron a la Audiencia Nacional.
A esto se suma que el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, en una declaración voluntaria en la Audiencia Nacional, le trasmitió al juez que el que fuera presidente canario le pidió 50.000 euros. Por su parte Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros, otros 250.000 euros al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otros 100.000 al que fuera asesor de este último, Koldo García.
El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, solicitó en febrero a la UCO un requerimiento sobre el rastreo de mensajes en los teléfonos de Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos en busca de mensajes con Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres o cualquier otro aforado.
La UCO solicitó un aumento de personal pero se lo denegaron
Según fuentes de este diario, se espera que los informes que comprometen directamente a Armengol, y Torres estén listos después del verano. Desde esta unidad solicitaron la pasada semana a la Dirección General un incremento del personal para hacer frente a la ingente cantidad de material por analizar que tienen sobre la mesa. En febrero solicitaron un nuevo refuerzo de la unidad y ambas peticiones han sido denegadas por la Dirección General de la Guardia Civil que depende del Ministerio del Interior.
Actualmente son alrededor de 40 agentes los que están centrando sus esfuerzos para analizar los distintos casos de corrupción que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez. A estos se suma que habrá una investigación patrimonial sobre Santos Cerdán tras el que vio la luz el pasado miércoles que en este caso se unirá a la información de esas 521 cuentas vinculadas a la trama Koldo que refleja el último informe de la UCO.
