El borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la controvertida ley de amnistía ha desatado una fuerte fractura interna en el alto tribunal. El texto, redactado por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán con el respaldo del sector progresista, ha generado un profundo rechazo entre los magistrados conservadores, que ven en esta ponencia una interpretación forzada y peligrosa de la Constitución Española de 1978.
Miembros del sector conservador del Tribunal Constitucional no ocultan su indignación ante una ponencia que, en su opinión, “blanquea” una medida diseñada para beneficiar a líderes independentistas catalanes a cambio del apoyo parlamentario a Pedro Sánchez. Una fuente interna señala que “quienes hicieron la Constitución no eran tontos y rechazaron explícitamente incluir la amnistía como figura legal”.
Cabe recordar que esta primera sentencia, que responderá al recurso de inconstitucionalidad del PP, será clave porque servirá de guía para resolver el resto de asuntos relativos a la ley de amnistía, que por ahora suman alrededor de una treintena.
Las fuentes consultadas denuncian que, a pesar de que estos meses Montalbán ha trabajado con «el máximo secretismo», los magistrados del ala conservadora se han enterado por la prensa del contenido del texto, del que no se les ha dado traslado formalmente hasta este lunes, cuando las primeras informaciones surgieron el domingo por la noche.
Otra de las críticas gira en torno al argumento de que la Constitución no prohíbe la amnistía, una tesis que el sector conservador considera tramposa. A su juicio, el borrador ignora que en el proceso constituyente se descartaron expresamente enmiendas que pretendían introducir esta figura, lo que demuestra, en palabras de un magistrado, “una voluntad inequívoca de excluir la amnistía del ordenamiento constitucional”.
Los magistrados críticos alertan de que la sentencia, si se aprueba en los términos actuales, abriría la puerta a una erosión grave del principio de legalidad y de la separación de poderes. Recuerdan que el artículo 9.3 de la Constitución protege el principio de seguridad jurídica y prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos.
Desde este prisma, consideran que la ley de amnistía vulnera estos principios al favorecer selectivamente a unos ciudadanos frente a otros, sin justificación jurídica clara, y sólo por razones de oportunidad política.
Respuesta política al Tribunal Constitucional
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado la ley de «inconstitucional y es una amnistía por corrupción política” y ha anunciado que que este es un motivo más para acudir a la manifestación masiva del próximo 8 de junio bajo el lema «Mafia o democracia», para denunciar el uso del aparato del Estado como moneda de cambio con los partidos separatistas.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha respaldado el borrador de Montalbán y celebra lo que considera un “respaldo constitucional” a su estrategia de “reconciliación”. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha señalado que la amnistía es “plenamente constitucional y es una herramienta legal que contribuye a la normalización institucional en Cataluña”.
El malestar interno en el TC refleja una creciente politización del máximo intérprete de la Constitución, donde los bloques ideológicos están cada vez más enfrentados. Magistrados críticos temen que esta sentencia erosione la credibilidad del tribunal y siente un peligroso precedente: permitir que futuros gobiernos puedan utilizar leyes de gracia con objetivos políticos sin restricciones legales ni constitucionales.
