Los líderes independentistas han admitido abiertamente su participación directa en la redacción de la ley de amnistía aprobada ayer por parte del Tribunal Constitucional (TC), e incluso han ironizado sobre el giro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien durante años aseguró que “jamás aprobaría una amnistía”.
Los mensajes de Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, y del expresidente Carles Puigdemont, no solo evidencian el control que el independentismo ha ejercido sobre la ley, sino que suponen una burla pública hacia el Estado de derecho y las instituciones democráticas.
En un acto público celebrado este jueves, Jordi Turull ha reconocido con sorna la implicación de Junts en la redacción de la ley, y ha subrayado que la frase de Sánchez asegurando que “no cabía una amnistía en la Constitución” ahora provoca risa en su entorno: “Nos hace gracia cuando recordamos cómo decía que no, que la amnistía no cabía y que nunca la aprobaría. ¡Y ahora está en el BOE!”, exclamó entre aplausos.
«Es que era algo que no producía dudas, pero tenemos ese fanatismo político de estos justicieros, que no jueces, de [Manuel] Marchena, [Pablo] Llarena, etc.», ha manifestado el dirigente independentista.
Turull, que fue condenado por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y luego indultado por el propio Ejecutivo de Sánchez, ha ido más allá al desafiar abiertamente al Estado, reivindicando que Junts y Esquerra Republicana “no son meros beneficiarios, sino coautores políticos de la ley”.
Puigdemont: “Se estrecha el margen prevaricador del Supremo”
En la misma línea se ha expresado Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde 2017. Tras la sentencia del TC que avala la ley de amnistía, el expresident ha publicado un mensaje en redes sociales asegurando que ahora el “margen prevaricador del Tribunal Supremo se va estrechando”.
Puigdemont acusa directamente a los jueces del Supremo de prevaricar, es decir, de dictar resoluciones injustas a sabiendas. El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial, junto a una foto con tono burlón y una frase que subraya el desafío al Estado: “Y eso que decían que no habría amnistía…”
Para Puigdemont, el TC ha decidido «algo que ya se sabía desde hace más de un año, y es que la ley de amnistía es perfectamente legal», y cree que el problema reside en que a los jueces del Supremo no les gusta la norma y no quieren aplicarla.
La intervención de Puigdemont no es un hecho aislado. Se suma a una estrategia coordinada del independentismo catalán para humillar al Estado español tras la aprobación de la norma. Una norma que, según reconocen ahora abiertamente, fue redactada en buena parte con sus condiciones.
Junts y ERC celebran la amnistía como un triunfo propio
Tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana han celebrado la entrada en vigor de la ley de amnistíacomo una victoria directa del independentismo sobre el Estado. Para ambas formaciones, la ley es fruto de la negociación con Sánchez y forma parte de los acuerdos de investidura que garantizaron la continuidad del Gobierno de coalición tras las elecciones de julio de 2023.
Según ha explicado el propio Turull, la ley fue “un redactado compartido”, en el que los equipos jurídicos de Junts participaron activamente para asegurarse de que la norma blindaba los casos más controvertidos, incluyendo los de malversación, desórdenes públicos y lawfare.
Por su parte, desde ERC, fuentes del partido han confirmado que también ellos tuvieron acceso al borrador final de la ley y aportaron modificaciones para “garantizar la protección total de los represaliados”.
Indignación en la oposición con la ley de amnistía
La oposición a raíz de la aprobación ayer por parte del Tribunal Constitucional por seis votos a favor y cuatro en contra, provocó la reacción inmediata de PP y Vox, que han acusado a Pedro Sánchez de “haber entregado la soberanía legislativa del Parlamento español al independentismo catalán”.
Alberto Núñez Feijóo ha calificado la situación como “una humillación histórica del Estado ante quienes quieren destruirlo”, y ha pedido la dimisión inmediata del Gobierno.
Por su parte el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper ha declarado «Todo el mundo sabe que la ley de amnistía, aparte de ser amoral e inmoral, es una norma inconstitucional», ha recalcado Sémper, que ha defendido la posición «extraordinariamente crítica» del PP con esta decisión.
En este contexto, el portavoz de los ‘populares’ ha negado que estén cuestionando la legitimidad de cualquier órgano, insistiendo en que la amnistía «es una transacción mercantil para permitir que Pedro Sánchez llegue a la presidencia del gobierno».
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este viernes que espera que detengan cuanto antes a los responsables de la filtraciones de datos personales del presidente del Gobierno, pero ha recalcado que «sin olvidar que el «primer hacker» es Pedro Sánchez, porque ha «hackeado» el Estado de derecho con la ley de amnistía. Abascal ha cuestionado así, en declaraciones a los periodistas antes de clausurar un acto de su partido, la «intolerable» ley de amnistía avalada por el Tribunal Constitucional,
Además, varios exmagistrados del Tribunal Constitucional han mostrado su rechazo al fallo que avala la amnistía, lamentando que se haya antepuesto la estabilidad política a los principios constitucionales.
Una amnistía con efectos irreversibles
Con la entrada en vigor de la ley y el aval del Constitucional, se inicia un proceso acelerado para archivar o anular causas judiciales que afectan a más de 400 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Generalitat, activistas y policías investigados por presunto lawfare.
Los jueces tienen ahora un plazo máximo de dos meses para aplicar la norma, lo que podría suponer en la práctica la impunidad penal de los líderes del procés, incluida la posibilidad de que Carles Puigdemont regrese a España sin ser detenido.
